«Cuatro años de espera: ley que podría salvar vidas ante problemas cardíacos sigue sin respuestas»
En 2019 se sancionó la normativa que establece la obligatoriedad de que dependencias públicas y privadas cuenten con desfibriladores, pero nadie la cumple.
En noviembre de 2019, la Legislatura provincial sancionó de forma unánime la ley por la cual se establece la obligatoriedad de instalar en todos los espacios públicos y privados de gran afluencia de público un Desfibrilador Externo Automático (DEA). El objetivo es claro y lo que busca es contar con un equipo clave para atender episodios cardíacos que muchos casos derivan en la muerte.
Gustavo Bonzón es un reconocido cardiólogo capitalino que hace tiempo brega, por ahora, con resultado infructuoso para que la normativa se cumpla en razón de que cuando existe un paro cardíaco el tiempo en el que se brinda asistencia es clave para evitar un deceso.
«El 18% de las muertes súbitas ocurre en el lugar de trabajo y en gran parte se dan a la mañana«, explica el especialista como parte de la importancia de contar con un DEA que permita actuar.
En su peregrinar, en lo que hace a la faz pública desde la sanción de la ley hasta ahora, transcurrió tanto en una gestión gubernamental como municipal sin que pueda obtener un mínimo respaldo. Con las nuevas administraciones ya inició el camino para pedir por la reglamentación de la normativa.
Pero, no solo en lo público se observa la falta de interés en el sector privado, como centros comerciales de grandes superficie, de continua circulación de una cantidad considerable personas, clubes deportivos en los que se concurren a practicar disciplinas o asisten multitudes, nadie muestra compromiso con el cuidado de la salud ante eventualidades.
«Incluso uno lo ve en salas de esperas de establecimientos sanitarios, si alguien tiene un paro cardíaco, se va a esperar que bajen el desfibrilador de la terapia intensiva«, se pregunta Bonzón para marcar que si luego de la maniobras de reanimación se actúa en los primeros tres minutos, la tasa de sobrevida sin que queden secuelas llega al 80% de los casos.
Finalmente, el cardiólogo indica que el costo del desfibrilador no excede a lo que hoy puede costar un teléfono de última generación, por lo que sugiere que cuando se reglamente la ley, se multe con cifras varias veces superior a lo que sale el equipo.
