Denuncian que Milei se guarda USD 10 mil millones de uso discrecional para someter a las provincias

Una denuncia explosiva: ¿está el Gobierno nacional usando el Presupuesto para presionar a las provincias?

¿Sabía que el Presupuesto 2027 acumula miles de millones de dólares sin destino específico? ¿Para qué se usaría ese dinero?

El Presupuesto del año que viene le quita recursos y le transfiere más gastos a las provincias, mientras Nación se queda con USD 10 mil millones de libre disponibilidad para forzar los acuerdos electorales.

«El presupuesto asfixia de manera deliberada a las provincias, para someterlas y forzarlas a aceptar la estrategia del gobierno en el año electoral», sostuvo el diputado Guillermo Michel.

La «Jurisdicción 91»: el mecanismo de la discrecionalidad

¿Qué es la «Jurisdicción 91»? ¿Por qué es clave en esta denuncia?

El Presupuesto para el año próximo que presentó el gobierno de Milei en el Congreso ahora económicamente a las provincias al transferirle más gastos al mismo tiempo que le recorta recursos. Pero al mismo tiempo acumula en favor de la Nación la locura de 10 mil millones de dólares sin destino específico, es decir, para manejo discrecional de Milei y Caputo.

Esta es la lectura que hizo del análisis del Presupuesto el tributarista y diputado peronista Guillermo Michel, que detectó la inusitada acumulación de fondos en el capítulo «Jurisdicción 91», una herramienta creada justamente para amontonar fondos discrecionales que faciliten negociaciones políticas.

«Nosotros hicimos locuras, pero como esta nunca», se sorprendió un compañero de bloque de Michel, en diálogo con LPO.

«El presupuesto asfixia de manera deliberada a las provincias, para someterlas y forzarlas a aceptar la estrategia del gobierno en el año electoral», agregó Michel.

¿Es legal que el Poder Ejecutivo maneje semejante cantidad de dinero sin destino específico? ¿Qué controles existen sobre esos fondos?

Las dos vías del ajuste: más obligaciones y menos recursos

¿Cómo pierden las provincias? ¿Qué obligaciones les transfieren sin fondos?

El diputado incluso elaboró un documento para detallar el diseño del gobierno libertario.

«Las provincias pierden por dos vías: la Nación les pasa obligaciones —transporte, docentes, obras— sin los recursos, y les recorta las transferencias no automáticas», explicó.

«Para perfeccionar el sometimiento, el gobierno se reserva partidas presupuestarias discrecionales que le permiten liberar recursos en negociación: la ‘Jurisdicción 91’, que pasa de $5,6 billones de pesos a $14,8 billones», señaló el entrerriano.

Y explicó que en esa «Jurisdicción 91» está el programa 99, «Otras Asistencias Financieras», que acumula $7,7 billones de pesos sin metas físicas, sin artículo que lo cree y sin criterio de reparto. Es la plata con la que se «auxilia» (y presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos para cumplir con los servicios públicos que, de facto, tiene que afrontar. Es la moneda de cambio para lo electoral en el año 2027.

¿Se puede hablar de «sometimiento» cuando un gobierno nacional maneja fondos que deberían coparticiparse? ¿Es esto una práctica nueva o viene de gestiones anteriores?

Los datos del ajuste: transporte, docentes, obras y viviendas

¿Qué pasó con el Fondo Compensador para el transporte? ¿Y con el FONID? ¿Qué obras se transfirieron a las provincias?

Michel incluso aporta algunos datos para entender cómo se siguen transfiriendo obligaciones a las provincias sin los recursos respectivos:

• Transporte del Interior: El Fondo Compensador para el interior, que en el año 2023 fue de $102.000 millones y llegaba a 14.000 colectivos, fue eliminado en febrero de 2024 y en el 2027 sigue sin partida asignada.
• FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente): Alcanzó los $333.000 millones en 2023; el gobierno no lo paga desde 2024 y en 2027 no tiene partida. Para salario docente solo queda el Fondo de Compensación Salarial, con $14.290 millones. Los docentes del interior siguen perdiendo.
• Rutas, obras y viviendas para el interior: Todas a cargo de las provincias y sin asistencia de la Nación, 457 obras transferidas a provincias y municipios; traspasos de rutas nacionales por 20 años (mantenimiento, obras y peaje); ENOHSA disuelto; Procrear y Fondo de Vivienda Social liquidados; función Vivienda $26.000 millones, solo el 0,01 % del gasto total. Las responsabilidades vienen sin fondeo y se siguen recortando las transferencias. De hecho, las de capital a las provincias caen 20 % real en 2027.
• Impuestos: Entre los impuestos que más crecen están Combustibles (+59,3 %), Derechos de exportación (+41,3 %) y Derechos de importación (+39,2 %), pero la Nación se queda con casi todo: exportación e importación no se coparticipan, y de Combustibles las provincias reciben apenas un cuarto. El resto queda en el Tesoro y en fideicomisos que acumulan $1,1 billones sin hacer obra pública: el gobierno incumple el destino que la ley les fija a esos fondos.

¿Qué pasa con los docentes que no cobran el FONID? ¿Y con los colectivos del interior que ya no tienen subsidio? ¿Quién paga las consecuencias de este ajuste?

La «moneda de cambio» electoral: $7,7 billones sin criterio de reparto

¿Para qué se usaría ese dinero? ¿Es una herramienta de negociación política?

Frente a esto el Gobierno acumuló más de $15 billones en la Jurisdicción 91, de los cuales $7,7 billones en «Otras Obligaciones Financieras», que según explica Michel, «no tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve?: es la plata con la que se presiona a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos. Es la moneda de cambio que el gobierno de LLA se guarda para el año electoral».

¿Es esto una forma de extorsión institucional? ¿O es una práctica normal en la política argentina? ¿Qué opinaría usted si su provincia queda rehén de estos fondos?

Conclusión: un Presupuesto que concentra poder

La denuncia de Guillermo Michel pone el foco en un mecanismo que, según él, asfixia a las provincias y concentra recursos discrecionales en el Poder Ejecutivo. La pregunta es inevitable: ¿es este Presupuesto una herramienta de ajuste o de sometimiento político? ¿Puede un gobierno nacional manejar USD 10 mil millones sin rendir cuentas? ¿Qué pasa con las provincias que no acepten las condiciones?

El debate está abierto. ¿Se trata de una denuncia fundada o de una operación política? ¿Quién tiene la razón? ¿Y quién paga las consecuencias de este modelo?