Destapado: El escándalo de la «venta de jubilaciones» en Resistencia
En el corazón de Resistencia, Chaco, se ha descubierto un sofisticado esquema que sacude los cimientos del sistema previsional argentino. El 30 de junio de 2025, autoridades federales allanaron un conocido estudio contable en Marcelo T. de Alvear 186, destapando una operación clandestina presuntamente diseñada para obtener jubilaciones fraudulentas destinadas a miembros de fuerzas de seguridad federales. La investigación, liderada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y respaldada por el Ministerio de Capital Humano, revela un fraude meticulosamente orquestado que explota vulnerabilidades en el sistema previsional, costándole al Estado millones de pesos. Este informe profundiza en los mecanismos del engaño, el enfoque preferencial hacia personal federal y la búsqueda de justicia, invitando a los lectores a desentrañar las capas de esta audaz conspiración financiera.
El allanamiento que conmocionó Resistencia
En una fría mañana de lunes, las tranquilas calles del centro de Resistencia se vieron alteradas por la llegada de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, actuando bajo las órdenes del juez federal Ricardo Mianovich. Su objetivo: el estudio contable de Alicia Strada, un establecimiento reconocido sospechado de orquestar un fraude previsional multimillonario. El allanamiento, iniciado tras una denuncia del director regional de ANSES, Alfredo “Capi” Rodríguez, marcó un punto de inflexión en una investigación que lleva meses. Los documentos incautados durante el operativo han proporcionado pruebas críticas que apuntan a una red de contadores y abogados manipulando el sistema previsional con fines de lucro.
La magnitud de la operación es asombrosa. Los hallazgos iniciales identificaron 23 casos sospechosos, pero los investigadores advierten que el número podría aumentar significativamente a medida que se recopile más evidencia. El impacto financiero del fraude se estima en millones, afectando los recursos del sistema de seguridad social de Argentina. Sin embargo, lo que hace este caso particularmente impactante es su clientela: miembros de fuerzas de seguridad federales, incluidos policías y militares, que presuntamente buscaban jubilarse anticipadamente por medios ilícitos. Este descubrimiento plantea preguntas sobre la supervisión sistémica y la audacia de quienes la explotan.
La mecánica del engaño
En el núcleo del esquema se encontraba una manipulación calculada de los sistemas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y ANSES. Según la investigación, el estudio contable falsificaba registros laborales para crear la ilusión de aportes suficientes para la elegibilidad jubilatoria. El sistema previsional argentino requiere 30 años de contribuciones para una jubilación estándar, un umbral que muchos clientes del estudio no podían cumplir. Para eludir esto, el estudio presuntamente empleaba una táctica descarada: “comprar” años de aportes de manera retroactiva.
El proceso era engañosamente simple, pero alarmantemente efectivo. Los clientes, predominantemente miembros de fuerzas federales, eran registrados como monotributistas (trabajadores autónomos) o vinculados a empleadores ficticios. Se presentaban declaraciones ante ARCA, a menudo de forma retroactiva, reclamando años de servicio que nunca ocurrieron. En algunos casos, períodos completos de supuesto trabajo —a veces abarcando una década— se registraban con fechas de inicio y fin en el mismo día, con los pagos convenientemente liquidados en una sola transacción. Estos registros falsificados se utilizaban luego para asegurar jubilaciones o retiros anticipados, eludiendo los controles rigurosos destinados a proteger el sistema.
Los testimonios de supuestos “empleadores” han sido contundentes. Muchos admitieron a los investigadores que no tenían conocimiento de los empleados registrados bajo sus nombres y que fueron instruidos por el estudio contable para mentir si eran cuestionados. Este engaño orquestado no solo defraudó a ANSES, sino que también socavó la integridad del sistema previsional, desviando fondos destinados a jubilados legítimos.
¿Por qué las fuerzas federales?
La investigación ha destacado un patrón curioso: los “clientes preferenciales” del estudio eran miembros de fuerzas de seguridad federales. ¿Por qué este grupo? La respuesta radica en sus estructuras jubilatorias únicas. Los policías federales, militares y otros efectivos de seguridad a menudo tienen acceso a regímenes de retiro especiales que les permiten jubilarse antes que los civiles con menos años de aportes. Sin embargo, incluso estos regímenes requieren contribuciones verificadas, las cuales el estudio contable presuntamente falsificaba para acelerar los retiros.
Fuentes cercanas a la investigación sugieren que el estudio capitalizó este mercado de nicho, aprovechando conexiones dentro de las fuerzas federales para atraer clientes. La promesa era tentadora: un retiro anticipado con una pensión estable, logrado mediante un atajo rápido, aunque ilegal. Los honorarios por estos servicios, según se informa, oscilaban entre $600,000 para una pensión mínima y hasta $3 millones por caso, dependiendo de la complejidad del fraude. Para muchos clientes, el costo era un precio pequeño a pagar por beneficios de por vida.
Este enfoque preferencial plantea preguntas más amplias. ¿Estaba el estudio explotando redes personales dentro de las fuerzas? ¿Había cómplices internos en ANSES o ARCA facilitando el esquema? Aunque el director regional Rodríguez ha negado firmemente cualquier participación institucional, afirmando que “la patronal no tiene nada que ver con esto”, la investigación continúa explorando posibles cómplices.
Las consecuencias y la lucha por la reforma
El allanamiento al estudio de Alicia Strada ha generado ondas de choque en Chaco y más allá. ANSES ya ha suspendido aproximadamente 30 pensiones fraudulentas, y se espera que haya más a medida que la investigación se expande. El Ministerio de Capital Humano ha enfatizado el daño “millonario” a los fondos públicos, subrayando la urgencia de abordar las vulnerabilidades sistémicas. Rodríguez, una figura clave en destapar el fraude, ha pedido un “cambio profundo” en los mecanismos de supervisión, advirtiendo que esquemas similares podrían estar operando en otras partes del país.
El caso, ahora bajo la jurisdicción del Juzgado Federal 2 de Mianovich, está lejos de cerrarse. Alicia Strada, la titular del estudio, ha sido imputada por defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica de instrumento público, delitos que conllevan penas potenciales de 2 a 6 años. Sin embargo, la posibilidad de una condena en suspenso ha generado debate sobre la adecuación de los marcos legales actuales para abordar delitos de cuello blanco de esta magnitud.
Para los lectores, las implicaciones son claras: esto no es solo un escándalo local, sino una llamada de atención para el sistema previsional argentino. ¿Cómo pudo operar un esquema así durante años sin ser detectado? ¿Qué reformas son necesarias para prevenir futuros fraudes? ANSES ha prometido fortalecer sus controles, con planes para revisiones a nivel nacional para “blindar” el sistema. Sin embargo, la confianza pública está en juego, y el resultado de este caso podría establecer un precedente para cómo Argentina aborda la mala conducta financiera.
Interactúa con la historia
Este escándalo en desarrollo invita a reflexionar sobre las vulnerabilidades en los sistemas públicos y el costo de la corrupción. ¿Qué opinas sobre el enfoque hacia las fuerzas federales en este esquema? ¿Deberían las penas por estos fraudes ser más severas para disuadir futuros delitos? Comparte tus opiniones o preguntas en los comentarios a continuación y mantente atento a las actualizaciones mientras la investigación se profundiza. Juntos, podemos exigir responsabilidad y abogar por un sistema previsional más fuerte y justo.
Fuentes: Diario Norte, ANSES, Ministerio de Capital Humano, Perfil, Infobae
