El ajuste de Milei licuó más de un tercio del salario universitario y hoy la mayoría de los docentes están bajo la línea de pobreza
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicado este lunes expone con números el impacto del ajuste en las universidades públicas. Entre 2023 y lo proyectado para 2026, el presupuesto universitario habrá caído un 41,6% en términos reales. Los salarios docentes y no docentes acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 34,2% desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026. Y el cuadro más dramático lo protagonizan los docentes con dedicación simple: sus salarios básicos no alcanzan ni siquiera la línea de indigencia.
La batalla política que no cesa
El origen del conflicto es conocido. El Congreso sancionó la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria el 21 de agosto de 2025. El Poder Ejecutivo la vetó el 10 de septiembre. Ambas cámaras insistieron el 2 de octubre y la ley quedó definitivamente sancionada. Pero el 21 de octubre, el Gobierno publicó el Decreto 759/2025 suspendiendo su aplicación, argumentando que la ley no especificaba de dónde saldrían los fondos. El CEPA señala que el argumento es contradictorio con el propio texto legal, que habilitaba al Ejecutivo a hacer las adecuaciones presupuestarias necesarias. Hace 195 días que la norma está sancionada y aún no rige. El 23 de diciembre de 2025, la Justicia federal declaró inaplicable el decreto y ordenó cumplir la ley. Para evitarlo, el 18 de febrero de 2026 el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificarla.
Dos modelos en disputa: la ley vs. el proyecto oficial
Las diferencias entre ambas alternativas son abismales. La ley sancionada hubiera implicado un crecimiento real del 33,8% frente al presupuesto de 2025 y habría dejado el financiamiento universitario apenas 1,9% por encima del nivel de 2023. El proyecto del Gobierno, en cambio, elevaría el presupuesto vigente un 13,1%, pero eso seguiría representando una caída real del 2,1% respecto de 2025 y del 33,9% frente a 2023. En resumen: el presupuesto universitario bajo el esquema oficial quedaría un 35,1% por debajo de lo que hubiera correspondido con la ley aprobada por el Congreso.
En materia salarial, la ley establecía una recomposición del 44% para recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, dejando los salarios apenas 1,3% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. El proyecto del Gobierno propone tres aumentos trimestrales del 4,1% sobre el salario básico de diciembre de 2025 (12,3% en el año). El CEPA señala un doble problema: ese incremento ignora la pérdida acumulada durante 2024, la más severa, y ya fue superado por la inflación de los primeros cinco meses de 2026, proyectada en 14,7%. Para septiembre, la inflación acumulada llegaría al 23,6%, once puntos por encima de la recomposición oficial. El resultado sería una nueva caída real del salario de alrededor de 1,5 puntos porcentuales hacia fin de año.
Un ejemplo concreto: la pérdida en una década
El informe ilustra la magnitud del retroceso histórico con un caso puntual. Un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semi-exclusiva y sin antigüedad cobraba en noviembre de 2015 el equivalente a 1.187.482 pesos de septiembre de 2026. En abril de 2026 ese mismo cargo percibe 584.413 pesos de igual valor: una pérdida real del 50,8% en una década. Con la ley insistida, esa brecha se hubiera reducido al 25,2%. Con el proyecto oficial, el salario proyectado para septiembre de 2026 sería de 547.748 pesos, profundizando la caída hasta el 53,9% respecto de 2015.
La mayoría de los docentes, por debajo de la pobreza
En marzo de 2026, la Canasta Básica Total para un hogar tipo alcanzó los 1.434.464 pesos. Solo los titulares con dedicación exclusiva superan ese umbral, y por apenas 121.370 pesos. El resto de los cargos docentes con dedicación exclusiva y todos los de dedicación semi-exclusiva y simple no llegan a cubrir la canasta. Peor aún: tomando la Canasta Básica Alimentaria (línea de indigencia) en 658.011 pesos, solo los titulares y asociados semi-exclusivos la superan. Todos los docentes con dedicación simple ganan menos que el umbral de indigencia.
¿Creés que el Gobierno debería aplicar la ley sancionada por el Congreso o tiene derecho a proponer un proyecto alternativo? ¿Cómo impacta el desfinanciamiento universitario en la calidad educativa y en la investigación? ¿Los docentes universitarios deberían seguir marchando o el reclamo ya no tiene eco en la sociedad? ¿Conocés algún docente universitario que esté viviendo esta situación?
