El Comité contra la Tortura advierte que persisten problemas estructurales en fiscalías de derechos humanos del Chaco
Un nuevo informe confirma lo que nadie quiere escuchar: seis años después, casi nada cambió
¿Cuánto tiempo debe pasar para que una advertencia se convierta en acción? ¿Cuántos informes más hacen falta para que las fiscalías de derechos humanos del Chaco funcionen como deberían?
Un nuevo análisis comparativo sobre el funcionamiento de las Fiscalías Especiales de Derechos Humanos del Chaco advierte que las principales dificultades señaladas por el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco (CPTCh) en 2023 continúan presentes. La comparación toma como punto de partida un informe con datos de 2016 a 2020 y se contrasta con respuestas de 2026 de las fiscalías de Resistencia y Sáenz Peña, para el período 2023-2026.
El escenario: un encuentro regional para actualizar datos
¿Qué se discutió en las jornadas sobre el panorama carcelario del nordeste argentino? ¿Participaron todas las instituciones involucradas?
Las expresiones fueron presentadas en un encuentro regional sobre la situación carcelaria de las provincias del nordeste argentino, con participación de todas las instituciones provinciales involucradas en la temática. En una de las jornadas sobre el panorama en provincias del nordeste se actualizaron datos de la situación local.
Los problemas que persisten: un diagnóstico que se repite
¿Cuáles son los obstáculos concretos que enfrentan las fiscalías? ¿Por qué las investigaciones no avanzan?
El informe de 2023 había identificado una serie de obstáculos vinculados con la investigación de hechos de violencia institucional, entre ellos:
- Falta de una policía judicial especializada.
- Dificultades para desarrollar investigaciones exhaustivas y proactivas.
- Escaso uso de medidas cautelares.
- Elevada proporción de causas que terminaban archivadas.
- Dificultades para alcanzar sentencias condenatorias.
Según la comparación realizada a partir de los oficios de respuesta de 2026 (un oficio de Resistencia y otro de Sáenz Peña), «el panorama en los últimos seis años no evidencia cambios institucionales sustanciales», se sostiene en las conclusiones.
Un retroceso preocupante: menos causas llegan a juicio
¿Es posible que en lugar de mejorar, la situación haya empeorado? ¿Qué indicadores muestran un retroceso?
«En algunos indicadores, incluso, se observa un retroceso, particularmente en la proporción de causas que alcanzan la instancia de juicio y en la capacidad de la fiscalía de Sáenz Peña para producir información básica sobre su funcionamiento», expresa el informe.
Esta afirmación es contundente: no solo no se avanzó, sino que en ciertos aspectos se retrocedió. La fiscalía de Sáenz Peña, que ya enfrentaba serias limitaciones, ahora ni siquiera puede producir información básica sobre su propio funcionamiento.
La falta de recursos: un problema estructural que se profundiza
¿Cómo puede una fiscalía con competencia sobre gran parte del territorio provincial funcionar con una dotación de personal reducida? ¿Qué consecuencias tiene esto para las víctimas?
La falta de recursos también aparece como un problema central. En el informe de 2023, el Comité había advertido especialmente sobre la situación de la fiscalía de Sáenz Peña, que tenía competencia sobre gran parte del territorio provincial y contaba con una dotación de personal reducida para afrontar esa tarea. Hasta 2026, el organismo señala que esas dificultades estructurales no fueron superadas.
Una mejora que no puede celebrarse: el caso de las condenas en Resistencia
¿Es realmente una buena noticia? ¿Por qué el incremento en las condenas de Resistencia no puede tomarse como una mejora general?
Por otra parte, el único indicador que presenta una mejora en la comparación es el componente de las condenas en Resistencia. Sin embargo, como la información disponible no permite desagregar temporalmente las condenas ni establecer con precisión en qué momento fueron obtenidas, el incremento no puede tomarse como una mejora general. Se trata, más bien, de un dato aislado que no refleja un cambio estructural en el funcionamiento del sistema.
Conclusión: seis años de advertencias, seis años de espera
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco lleva años advirtiendo sobre las mismas dificultades. Los informes se suceden, las conclusiones se repiten y, sin embargo, los problemas estructurales permanecen. La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿cuánto más tendrán que esperar las víctimas de violencia institucional para que las fiscalías de derechos humanos funcionen como corresponde?
