El drama de la discapacidad: piden multas de $50 millones diarios al Insssep por «desobediencia»
1 de abril de 2026
La paciencia de las familias se agotó y la batalla judicial contra la obra social estatal del Chaco ha escalado a niveles sin precedentes. Esta mañana, el abogado Sebastián Ferreyra Negri, en representación de 11 familias con niños y jóvenes con discapacidad, se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) con un planteo incendiario: denunció que el Insssep está en rebeldía y pidió sanciones económicas ejemplares.
No es solo un trámite administrativo; es el grito de padres que ven cómo la salud de sus hijos se deteriora mientras los expedientes duermen en los escritorios oficiales.
Sanciones que duelen: $50 millones por día
La presentación judicial no anda con rodeos. El letrado solicitó la aplicación de astreintes (multas coercitivas) por un monto de 50 millones de pesos diarios contra las máximas autoridades del organismo: el presidente Rafael Ademar Meneses y el vicepresidente Fernando César Alesso.
La lógica del pedido es clara: si el organismo no cumple por convicción o deber legal, deberá hacerlo por la presión asfixiante de una multa que busca forzar la voluntad política y administrativa.
«La sentencia no ordenó gestionar, ordenó cumplir»
El fallo del STJ, que el Insssep debía haber efectivizado a más tardar ayer martes a las 9 de la mañana, era tajante. Ordenaba garantizar:
- La continuidad de los tratamientos médicos.
- La cobertura integral de las prestaciones.
- Medidas concretas para evitar cualquier interrupción en la atención de los pacientes.
Sin embargo, el escrito de denuncia es demoledor: el cumplimiento ha sido «nulo». Según Ferreyra Negri, la excusa del organismo sobre «trámites presupuestarios» o «vías administrativas» es inaceptable cuando hay vidas en riesgo. «La sentencia no ordenó gestionar, sino cumplir», sentenció el abogado en un párrafo que resume el hartazgo de los amparistas.
A un paso de la denuncia penal
Pero el pedido de dinero no es todo. La presentación también solicita que se remitan los antecedentes a la Justicia Penal. El abogado sostiene que las autoridades del Insssep podrían estar incurriendo en el delito de «desobediencia judicial» (artículo 239 del Código Penal).
Lo más grave es que se habla de un incumplimiento «actual, permanente y continuado», lo que en términos jurídicos podría configurarse como una situación de flagrancia.
El factor humano: pacientes en estado crítico
Detrás de los términos legales como «expediente 70/26» o «habilitación de días inhábiles», hay 11 historias de vida. Se trata de pacientes en estado crítico, cuya salud depende de medicación, terapias y asistencia que no pueden esperar a que una partida presupuestaria se autorice.
Para estas familias, cada hora que pasa sin cobertura es un riesgo inminente para la vida de sus hijos. Por eso, el pedido al STJ incluye la habilitación de horas inhábiles: la justicia, en este caso, no puede permitirse el lujo de dormir la siesta.
La pelota está ahora en el campo del Superior Tribunal. El Insssep, por su parte, queda contra las cuerdas entre una deuda millonaria y una posible causa penal.
