El gasto público cayó al nivel más bajo en una década: 5,1 puntos del PBI menos entre 2023 y 2025
Según un informe, la obra pública y los subsidios lideraron el ajuste, mientras las prestaciones sociales ya representan el 66% del gasto total. La AUH fue la única partida que creció.
El gasto del Estado nacional se ubicó en 2025 en el nivel más bajo de la última década, tras una caída de 5,1 puntos del PBI entre 2023 y el año pasado, según un informe de la Fundación Libertad. El ajuste se concentró en obra pública, subsidios energéticos y de transporte, y transferencias a provincias y universidades, mientras que las prestaciones sociales –jubilaciones, AUH, asignaciones– pasaron a representar cerca del 66% del gasto total, frente al 54% de 2023.
¿Dónde se recortó más?
- Obra pública: cayó 1,24 puntos del PBI, llevándola a su mínima expresión histórica.
- Subsidios a energía y transporte: se redujeron 1 punto del PBI (pasaron del 2% en 2023 al 1% en 2025).
- Transferencias corrientes (a provincias, universidades): bajaron 0,7 puntos del PBI.
- Salarios públicos: cayeron 0,71 puntos del PBI.
Lo que se mantuvo (o creció)
- Jubilaciones y pensiones: sufrieron un recorte mínimo (0,13 puntos del PBI), pero están en niveles históricamente bajos en términos reales.
- AUH y asignaciones familiares: fueron la única partida que creció (+0,22 puntos del PBI).
Un Estado más chico, pero más asistencial
El informe confirma la estrategia de ajuste estructural del gobierno de Milei: reducir drásticamente la inversión pública, los subsidios y el gasto político (transferencias a provincias), mientras se preservan –aunque con pérdida real– las prestaciones sociales clave. Esto explica por qué, pese al ajuste, el gasto social hoy representa dos tercios del total, un fenómeno que refleja la creciente dependencia de millones de hogares de la asistencia estatal en un contexto de recesión, desempleo y caída de ingresos.
Consecuencias visibles
La parálisis de la obra pública impacta en el empleo formal y la infraestructura; la reducción de subsidios se traduce en tarifazos en transporte y energía; y el recorte en transferencias a provincias tensiona las finanzas locales, ya afectadas por la caída de la coparticipación. Mientras, el aumento nominal de la AUH no compensa la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.
El modelo apunta a un Estado mínimo en inversión y promoción, pero obligado a sostener un piso asistencial para evitar una explosión social. La pregunta es si ese equilibrio es sostenible en el tiempo sin reactivación económica.
¿Creés que este ajuste del gasto público es necesario para ordenar las cuentas, o profundiza la crisis social y productiva? ¿Qué prioridades de gasto deberían protegerse? Dejanos tu opinión.
