El Gobierno argentino investiga filtraciones en el caso YPF y anuncia reestructuración en la Procuración del Tesoro
El 16 de julio de 2025, el Gobierno nacional confirmó una investigación interna en la Procuración del Tesoro Nacional (PTN) tras detectar presuntas filtraciones de información confidencial relacionadas con el litigio internacional por la expropiación de YPF en 2012. La investigación, liderada por el procurador Santiago Castro Videla, ha derivado en el despido de más de 60 funcionarios y una reestructuración profunda del organismo, en un contexto de alta sensibilidad judicial en Nueva York. La Casa Rosada sospecha que las filtraciones pudieron beneficiar a Burford Capital, principal demandante en el juicio, lo que representa un grave perjuicio para la estrategia legal del Estado.
Contexto del litigio y las filtraciones
El caso YPF, iniciado tras la expropiación de la petrolera durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta al Estado argentino con los fondos Burford Capital y Eton Park. En 2023, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra de Argentina, ordenando una indemnización de 16.100 millones de dólares y, el 30 de junio de 2025, la entrega del 51% de las acciones estatales de YPF.
El Gobierno apeló ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, logrando el 15 de julio una suspensión temporal de la orden de Preska, lo que evita el riesgo inmediato de desacato y otorga tiempo para presentar argumentos hasta el 22 de julio. Sin embargo, la detección de filtraciones internas ha desatado una crisis en la PTN. Fuentes oficiales, según La Nación y Ámbito, indican que información reservada, crucial para la estrategia judicial, habría sido compartida con Burford Capital, comprometiendo la defensa argentina.
Reestructuración y despidos
Santiago Castro Videla, designado en febrero de 2025 tras la salida de Rodolfo Barra, lidera una “purga” que incluye la desvinculación de más de 60 funcionarios y la disolución de áreas técnicas, como la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que será reemplazada por un centro más reducido. La reestructuración, alineada con la Ley Bases, busca reducir jerarquías, evitar tercerizaciones y aplicar austeridad, aunque el Gobierno niega que esté vinculada al plan de ajuste de Federico Sturzenegger.
El Ejecutivo sospecha que las filtraciones, posiblemente vendidas a Burford, perjudicaron la estrategia legal en un caso que involucra miles de millones de dólares. Castro Videla, quien no participa directamente en el litigio debido a su vínculo pasado con el abogado Alberto Bianchi (testigo de Burford), está a cargo de la reestructuración, respaldado por el entorno de Santiago Caputo.
Estrategia internacional y apoyo de Estados Unidos
Paralelamente, la Cancillería y la PTN buscan apoyo internacional mediante presentaciones amicus curiae de países como Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania, para reforzar el argumento de que la orden de Preska viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración Trump, presentó un escrito el 16 de julio apoyando la suspensión de la entrega de acciones, argumentando que contraviene normas de inmunidad soberana. Este respaldo, similar al ofrecido en 2024 bajo Joe Biden, no ha sido considerado hasta ahora por Preska.
Implicancias para el Chaco y el país
El caso YPF tiene profundas implicaciones económicas, especialmente para provincias como el Chaco, donde la actividad productiva depende de la estabilidad financiera del Estado nacional. La pérdida del 51% de las acciones de YPF podría limitar recursos para obras públicas, como la Ruta 89, y programas sociales, en un contexto de recortes federales criticados por gremios como la CGT Chaco. La investigación de las filtraciones y la reestructuración de la PTN buscan proteger el patrimonio estatal, pero plantean interrogantes sobre la transparencia y la gestión interna.
Reflexión y debate
La crisis en la Procuración del Tesoro revela vulnerabilidades en la defensa de los intereses nacionales. ¿Qué medidas debería tomar el Gobierno para prevenir futuras filtraciones? ¿Cómo puede el Chaco, como provincia productiva, protegerse de las consecuencias de este litigio? Invitamos a los lectores a compartir sus perspectivas en los comentarios y a debatir sobre el impacto de este caso en la región.
Fuentes: La Nación, Ámbito, Infobae, Perfil, @infobae (X), @LANACION (X)
