El Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil: cómo será la aplicación para menores de 14 a 18 años
El Gobierno nacional publicó este lunes el Decreto 875/2026, que reglamenta la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil. La normativa, que entró en vigencia el sábado pasado, establece cómo se aplicará el sistema para adolescentes imputados por delitos desde los 14 años hasta los 18, y fija mecanismos de control, asistencia y articulación federal. El Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación y se crearán figuras clave como el supervisor especializado y espacios de coordinación entre Nación y provincias.
¿Qué implica la reglamentación? ¿Cómo funcionará el seguimiento de los adolescentes? ¿Y qué rol jugarán los supervisores y las víctimas en este nuevo sistema?
Los cambios clave de la Ley 27.801
La ley, sancionada en febrero y publicada en marzo, redujo de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad y reemplazó el régimen vigente desde 1980. La norma busca «fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social» .
Entre los principales cambios, la ley establece penas alternativas a la prisión para delitos leves, reserva la privación de la libertad para casos graves (homicidios, abusos, secuestros), prohíbe la prisión perpetua, fija un máximo de 15 años de condena y establece la responsabilidad civil de los padres .
El Decreto 875/2026: reglamentación y ejes centrales
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, designa al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal . Los principales puntos de la reglamentación son:
Supervisores especializados: El decreto crea el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, profesionales responsables del seguimiento, asistencia y control del adolescente durante el proceso. Deberán tener formación en educación, psicología, trabajo social o áreas afines, y al menos dos años de experiencia. Realizarán entrevistas semanales e informes mensuales sobre educación, formación y evolución del joven .
Listado provisorio de supervisores: Mientras se conforma el registro definitivo, el Ministerio de Justicia elaborará un listado provisorio de profesionales habilitados. La primera convocatoria pública deberá concretarse en un plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia del decreto .
Comité Interministerial: Se crea el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil, integrado por los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Coordinará políticas de prevención, abordaje y reinserción, intercambiará información estadística y articulará la ejecución de penas .
Mesa Federal: Se conforma la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil como espacio permanente de articulación entre el Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de armonizar criterios técnicos y procesales .
Asistencia a víctimas: El Ministerio de Justicia deberá poner a disposición equipos interdisciplinarios (psicólogos y trabajadores sociales) y coordinar el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes .
Registro Nacional de Reincidencia: Se creará una sección especial para los casos alcanzados por la Ley 27.801, donde se registrarán las sentencias y resoluciones firmes. Esa información tendrá carácter reservado .
El debate político y las primeras reacciones
La entrada en vigencia del nuevo régimen generó celebraciones desde el oficialismo y críticas desde la oposición. La senadora Patricia Bullrich celebró la medida: «Desde hoy no importa la edad. Si delinquís, las pagás. Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace» .
En Santa Fe, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, también elogió la reforma: «Se terminó la impunidad. La ley es para proteger a las víctimas, no a los delincuentes» .
Sin embargo, desde algunos sectores judiciales y de la oposición advierten sobre un inminente incremento en el volumen de expedientes y plantean dudas sobre la infraestructura de alojamiento, el personal técnico idóneo y la cantidad de dispositivos de monitoreo electrónico disponibles . La implementación no será uniforme en todo el país: la ley invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adecuar sus leyes procesales y normas administrativas .
Reflexión final: un nuevo régimen que divide aguas
La reglamentación del Régimen Penal Juvenil marca un punto de inflexión en la justicia penal argentina. El oficialismo celebra el fin de la «impunidad» y la posibilidad de juzgar a adolescentes desde los 14 años, mientras que la oposición y especialistas advierten sobre los desafíos de implementación y el riesgo de que el sistema se desborde.
La figura del supervisor especializado, la coordinación interministerial y la creación de espacios federales son herramientas clave para garantizar la efectividad del régimen. El tiempo dirá si la ley logra su objetivo de «fomentar la responsabilidad y la resocialización» o si, por el contrario, se convierte en una herramienta de encarcelamiento masivo de jóvenes de sectores populares.
¿Qué opinás vos? ¿Crees que bajar la edad de imputabilidad es una solución para la inseguridad? ¿O estás de acuerdo con quienes advierten que el régimen es regresivo y no ataca las causas de la violencia juvenil?
