El plan de Caputo: cobrar dos veces por el arreglo de las rutas nacionales

El ministro de Economía, Luis Caputo, acumula $1,4 billones recaudados del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) para mejorar el sistema vial, pero no ejecuta esas partidas. Mientras viola la ley que le da una asignación específica a este monto, el Gobierno avanza con la privatización de los caminos para que se aumenten y creen nuevos peajes. De este modo, los argentinos abonarán dos veces por el arreglo de las rutas: una con los tributos y otra cuando paguen en las barreras a las empresas que se adueñaron de los corredores .

Concesiones millonarias en medio de la polémica

El Gobierno ya adjudicó la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que comprende casi 4.000 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho tramos estratégicos . Con esta nueva etapa, ya son más de 9.000 kilómetros concesionados, por donde circula cerca del 80% del tránsito del país . Los corredores incluyen rutas clave como la 9, 19, 34, 12, 16, 11 y 7, que atraviesan provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán y Mendoza .

El ministro Caputo destacó que las nuevas concesiones tendrán «100% de inversión privada» y que las obras comenzarán a fines de septiembre . Sin embargo, la medida generó un fuerte rechazo en varias provincias. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su «profunda preocupación» ante la posibilidad de que se instale un nuevo peaje sobre la Ruta Nacional 12. «En un contexto difícil para todo el país, resulta inaceptable imponer una traba más a quienes trabajan, estudian, comercian y producen», afirmó .

Denuncias penales y fondos no ejecutados

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz denunció penalmente al ministro Caputo, junto al director de Vialidad Nacional y al titular del Banco Nación, por malversación de fondos, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad . La denuncia se presentó ante el Juzgado Federal 2 de La Plata.

Según el informe de Perfil, el Gobierno acumula $1,4 billones del impuesto a los combustibles líquidos que no se ejecutan en obras viales, violando la ley que le da una asignación específica a este fondo. Mientras tanto, el estado de las rutas nacionales es crítico. En la Ruta 40, los intendentes de Bariloche y El Bolsón reclamaron el reasfaltado total del tramo de 120 kilómetros que une ambas ciudades, luego de que la Justicia ordenara reparaciones urgentes .

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, denunció que «Caputo no cumple con lo que manda la ley. La plata se la queda y las rutas están en estado de abandono. Es un desfalco». Katopodis señaló que «se cobra vidas, se encarece la economía», y mencionó que recientemente hubo 4.000 camiones frenados en las altas cumbres de Mendoza por falta de mantenimiento .

Un modelo que genera controversia

El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el plan al señalar que «el ministro Caputo lleva a cabo un proceso de transformación que ha tenido éxito en otros países, donde las rutas nacionales se hacen con inversiones privadas» . Sin embargo, los críticos advierten que el modelo implica una doble imposición: los ciudadanos ya pagan el impuesto a los combustibles para el mantenimiento vial, y ahora deberán abonar peajes a las empresas concesionarias.

La legisladora Marcela Pagano, del bloque Coherencia, fue más allá y acusó al Gobierno de haber utilizado fondos del impuesto al combustible para pagar a gobernadores por sus votos en el Congreso. «Cada voto se pagó a Gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima. De dónde manoteó el dinero Javier Milei? De la caja que surge del impuesto al combustible», disparó en redes sociales .

Nota final:
El plan de Caputo deja una pregunta incómoda: ¿por qué los argentinos deben pagar dos veces por el mismo servicio? Mientras el Estado acumula fondos del impuesto a los combustibles sin ejecutarlos, el Gobierno cede las rutas a privados que cobrarán peajes. El resultado es un modelo que, según sus críticos, no solo viola la ley, sino que pone en riesgo vidas y encarece la economía. Las rutas no se arreglan, los fondos no aparecen y los peajes ya están en camino. Mientras tanto, los argentinos siguen esperando respuestas.