En agosto procesarán a 14 acusados por gestionar pensiones ilegales
Terminará de indagar a los acusados y resolverá la situación en la causa que se inició en 2023 por una denuncia de Marilyn Canata.
Funcionarios de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña anticiparon a NORTE que en agosto terminarán las indagatorias a cerca de 14 imputados de gestionar pensiones por invalidez de manera ilegal en la localidad de Taco Pozo. Finalizado el proceso el juez que entiende en la causa deberá resolver si los procesa a no, tendrá que definir la situación procesal de ellos.
Estos casos no son los únicos que hay en la provincia donde ya se cuentan casi 25.000 pensiones otorgadas que corresponderían y, al menos existieron, varias redes que durante años operaron en forma impune.
Los beneficios referidos a pensiones no contributivas que otorga la Anses están siendo investigados desde hace varios años con una demora importante a raíz de la complejidad del delito que se investiga e involucraría a una red integrada incluso por profesionales de la medicina que certificaban las discapacidades para poder acceder al derecho contributivo.
«Hay que revisar carpeta por carpeta, pueblo por pueblo. Es tan grande que no sabemos aún quienes son las personas que intervinieron. Vamos a trabajar localidad por localidad. En Sáenz Peña creemos que serían 2000 los casos y en Villa Ángela podrían llegar a 4000», dijo fiscal federal Carlos Martín Amad.
La investigación está a cargo del fiscal Amad y la denuncia que dio origen a la actual causa fue presentada a comienzos de 2023 por la exdiputada y exfuncionaria nacional Marilyn Canata.
«Descubrimos un universo de personas, entre ellos personal de la salud como médicos, traumatólogos o bioquímicos y algunos tienen que ver con la política, que son los que firmaban los certificados, que, básicamente, son truchos e ilegales», destacó también en medios.
Y durante la investigación que se está desarrollando se fueron acumulando pruebas muy importantes, pero también surgieron perlas como que una acusada trató de ocultar pruebas arrojando hacia la casa del vecino tres cuadernos.
Asimismo, surgen varios elementos que permiten ver la vinculación con la Comuna, incluso el pedido inicial provenía del propio municipio, algo que contaría con la documentación respaldatoria.
LOS PERFILES
Otro elemento importante en la causa es que lograron establecer un perfil de quienes serían beneficiarios de las pensiones. Por ejemplo, la mayoría de ellos tienen entre 20 y 45 años de edad y los mismos diagnósticos: diabetes, enfermedad de chagas, traumatismo de columna lumbar y sacra.
Sin embargo, los pacientes no conocen su diagnóstico y hay casos en lo que refieren a las pensiones como un «sueldo» o desarrollar alguna contraprestación en la comuna, tal como ocurriera si se tratara de un empleado.
También, los investigadores consideraron que los gestores estaban organizados: cada uno cumplía roles, claros y definidos para la tramitación y la obtención de la pensión. Algo que le permitió generar ingresos económicos que se pagaban en efectivo a médicos intervinientes y gestores, fraguando estudios clínicos y de laboratorio u omitiendo su presentación, o así, réditos políticos usando el otorgamiento indiscriminado de pensiones por discapacidad en perjuicio de las arcas del estado y de los verdaderos discapacitados.
Para los investigadores que están trabajando en la causa a los imputados les correspondiente ser acusados por fraude a la administración pública, malversación y asociación ilícita. En tanto, consideran que el perjuicio contra el estado nacional es muy importante y podrían existir otros delitos.
