Escándalo en Argentina: El Gobierno Planea Retirar Pensiones a Medio Millón de Personas con Discapacidad en Medio de Denuncias por Coimas
En un contexto marcado por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó en el Congreso que el Ejecutivo está listo para suspender las pensiones no contributivas por discapacidad de unas 500.000 personas, un ajuste drástico que Página/12 había anticipado en abril de 2025. Esta medida, enmarcada en el plan de recorte fiscal del Gobierno libertario, ha desatado críticas por su impacto en los sectores más vulnerables.
Francos admitió que, de las 997.654 cartas documento enviadas para notificar auditorías, 504.802 no llegaron a destino debido a problemas logísticos o domicilios desactualizados, dejando a medio millón de beneficiarios sin posibilidad de cumplir con los requisitos médicos exigidos. Según el decreto 843/24, firmado por Federico Sturzenegger, la falta de respuesta es causal suficiente para la baja automática, una estrategia que, según la politóloga Belén Arcucci de ACIJ, “fue diseñada para ajustar, no para auditar”. Hasta agosto de 2025, 111.463 pensiones ya fueron eliminadas, y el plan presupuestario apunta a reducir las 1.266.945 pensiones vigentes a 749.451 para diciembre.
El exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, destituido tras audios que revelan presuntas coimas, fue clave en la implementación de esta auditoría. En las grabaciones, Spagnuolo admite haber trabajado bajo directivas de Sturzenegger, quien incluso intervino en la licitación de 20.000 millones de pesos con Andreani para enviar las notificaciones. La falta de llegada de estas cartas facilitó las bajas masivas, mientras beneficiarios, muchos con discapacidades severas, enfrentan obstáculos insalvables, como viajar cientos de kilómetros para exámenes médicos sin apoyo adecuado.
Organizaciones de discapacidad denuncian que la auditoría ignora las necesidades del colectivo, y trabajadores de ANDIS reportan hasta 300 quejas diarias de personas que descubren en los cajeros automáticos que sus pensiones fueron cortadas sin previo aviso. La oposición y expertos como Arcucci califican las bajas como “arbitrarias” y violatorias de derechos fundamentales, mientras el Gobierno defiende la medida como una corrección de supuestas irregularidades, aunque solo identificó 7.211 casos de beneficiarios fallecidos y 9.027 renuncias voluntarias.
El escándalo, que combina recortes con denuncias de corrupción, pone en jaque la credibilidad del Gobierno y expone una crisis humanitaria en curso, con miles de personas con discapacidad enfrentando la pérdida de un beneficio esencial.
