Explosión opositora: Milei modifica por DNU la ley de Inteligencia y unifica el espionaje estatal bajo la SIDE

El decreto, publicado este viernes, concentra información de todos los organismos, crea un Centro de Ciberseguridad y habilita apoyo de las Fuerzas Armadas. La oposición, de la UCR a la izquierda, se une para rechazarlo y exige que el Congreso lo trate «a la brevedad».

BUENOS AIRES. En una jugada que enciende todas las alarmas de la oposición y los organismos de derechos humanos, el Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), una profunda reforma de la Ley de Inteligencia Nacional. La medida, que evita el debate parlamentario, le otorga poderes extraordinarios a la SIDE y redefine el mapa del espionaje estatal, generando un rechazo transversal y furibundo en el arco político opositor.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, establece cambios estructurales:

• Concentración de información: La SIDE pasará a ser el núcleo que centralice y analice la data de todos los organismos de inteligencia del Estado y otras dependencias.
• Nuevo Centro de Ciberseguridad: Se crea bajo la órbita de la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete, liderada por Karina Milei.
• Apoyo de las Fuerzas: Los sistemas de inteligencia quedan habilitados para solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías provinciales.
• Disolución de áreas: Se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (Diniem), subordinando la inteligencia militar al área de seguridad, un punto que genera alerta en ex funcionarios de Defensa.

La oposición unida: «Retroceso intolerable», «Estado policial», «Debe ser anulado»
El anuncio desató una tormenta política inmediata. Desde todos los frentes, los líderes opositores coincidieron en cuestionar tanto el fondo como la forma, y exigieron que el Congreso actúe.

• Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica): Tildó el DNU de «retroceso intolerable y de nulidad absoluta«. Aseguró que «no tiene ni necesidad, ni urgencia» y que Milei «prefiere siempre los atajos» porque para él la Constitución «es un obstáculo». Exigió a las presidencias de ambas Cámaras que regularicen la Comisión Bicameral de Inteligencia para que el decreto «sea rechazado a la brevedad».
• Agustín Rossi (Peronismo): Advertió que el texto «fortalece la idea de un Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías«. Reclamó que el Congreso lo rechace.
• Jorge Taiana (Peronismo / Ex Ministro de Defensa): Fue más lejos: «La consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores». Criticó la «subordinación» de la inteligencia militar a la seguridad, viendo un paso hacia una «Guardia Nacional» al estilo impulsado por el Comando Sur de EE.UU.
• Ricardo Alfonsín (UCR): Manifestó estar «preocupado» y consideró que el decreto «debería ser impugnado por la Justicia». Acusó a Milei de tener «poco aprecio por los valores republicanos».
• Esteban Paulón (Socialismo): Arremetió contra la «interna entre Karina [Milei] y Santiago Caputo», diciendo que es «un riesgo para la seguridad nacional» y pone en riesgo la autonomía de la inteligencia.
• Christian Castillo (Izquierda): Sostuvo que el decreto «implica un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas y en la legalización de un estado policial. Debe ser anulado por el Congreso».
• Leopoldo Moreau (Ex bicameral de Inteligencia): Lo calificó como una «suma de aberraciones» que «viola la Constitución Nacional» y representa un «claro retroceso democrático».

El argumento oficial y la batalla que se viene
Desde el Gobierno se defiende señalando que la reforma busca «eliminar duplicaciones y superposiciones normativas» e implementar «mayores controles legales, presupuestarios y técnicos», además de iniciar una comunicación institucional más eficiente.

Sin embargo, el frente opositor ya se está movilizando. La pulseada pasará ahora al Congreso, donde deberá tratarse en las comisiones bicamerales correspondientes. La oposición, unida en su repudio, buscará acumular los votos necesarios para rechazar el decreto, en lo que será una nueva batalla institucional de alto voltaje en los primeros días de 2026.

La sombra de la concentración de poder, el espionaje y el rol de las fuerzas de seguridad y armadas en tareas de inteligencia interna promete un debate acalorado y una prueba de fuego para los controles democráticos en la Argentina libertaria.