Extorsión y fraude en planes sociales: 213 dirigentes y piqueteros están imputados en una megacausa judicial

El juez Luis Armella investiga 200 expedientes con denuncias de beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo. Testimonios claves revelan una maniobra que abusaba de las familias más vulnerables. En los depósitos de las organizaciones, secuestraron 2.500 kilos de alimentos en mal estado y 104.000 unidades sin entregar.

El juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, investiga la causa judicial más voluminosa contra dirigentes sociales y piqueteros acusados de los presuntos delitos de «coacción y extorsión» contra los beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo, y «defraudación a la administración pública», por haber utilizado fondos del Estado o alimentos que este les suministraba para otros fines. «Lo que hicieron estos dirigentes es un acto de crueldad. Usaron el hambre de la gente para hacer política y llenarse los bolsillos», expresó a este medio un funcionario judicial.

Los números de la causa

Los 200 legajos que se abrieron y tramitan de manera independiente tienen 213 imputados, todos ellos dirigentes de distintos niveles que pertenecen a organizaciones sociales como el Polo Obrero, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa, Asociación Convocatoria Sur, Movimiento Unidad Popular, Agrupación Total, Movimiento 25 de Abril, Unión y Esperanza, MTR Histórico y Movimiento Teresa Rodríguez, entre otras. «No son dos o tres dirigentes aislados. Es una red extensa que operaba en todo el conurbano», señaló el funcionario.

Lo secuestrado en los allanamientos

Durante los allanamientos, las autoridades secuestraron:

• 104.000 unidades de alimentos sin distribuir
• Dos toneladas y media de alimentos en mal estado
• $500.000 en efectivo
• Un revólver calibre .22 y una réplica de pistola 9mm
• 47 equipos informáticos y celulares
• 100 cajas con documentación, planillas de asistencia a las marchas y concentraciones, libros contables y carpetas con registros presuntamente vinculados a maniobras fraudulentas

Alimentos podridos y vencidos

Los 2.500 kilos de comida apilados en galpones y comedores comunitarios estaban en mal estado, podridos y vencidos. Había leche en polvo, polenta, fideos, puré de tomates, arroz, dulce de batata, lentejas y harina de trigo. Debían llenar las panzas de las familias más vulnerables. Fueron incinerados en las instalaciones del CEAMSE Pompeya. Antes, el magistrado ordenó estudios bromatológicos. «Se sugiere la destrucción expeditiva de los mismos ante la imposibilidad de su consumo y a fin de resguardar cuestiones de salubridad», redactaron los peritos en los informes presentados en los expedientes. «Había comida para miles de familias pudriéndose mientras los dirigentes se la llevaban en camionetas. Es indignante», denunció un testigo.

Los testigos que dialogaron con este medio aseguraron que la escena que presenciaron durante el procedimiento los «indignó». En los envases de los alimentos destruidos figuraban inscripciones como: «Prohibida su venta. Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires».

El mecanismo de extorsión

A través de 20 declaraciones testimoniales, el juzgado y la secretaría a cargo de la instrucción reconstruyeron la cadena corrupta. Los relatos de las personas beneficiarias del ex Programa Potenciar Trabajo y testigos oculares, como vecinos de los comedores o asistentes a ellos que se atrevieron a hablar ante los funcionarios que buscan justicia, estremecen:

• Las extorsiones estaban en cabeza de delegados o representantes de los movimientos sociales o piqueteros que aseguraban que reclamaban ante el gobierno nacional por sus derechos vulnerados.
• Los obligaban a asistir a las marchas o movilizaciones para entregarles una vianda de alimentos o los bolsones con productos que el Estado nacional o provincial derivaba para asistirlos.
• La mayoría de las víctimas eran beneficiarios de programas sociales.
• Los amenazaban con bajarlos del plan.
• Les tomaban asistencia en las marchas. Si acumulaban tres o cuatro faltas «nos sacaban el plan y digan lo que digan era una cosa que efectivamente sucedía».
• Estaban obligados a pagar una cuota o aporte. Se realizaba a través de transferencias o en efectivo.
• «Siempre mediaba mucha violencia, sobre todo verbal».
• La mayoría de los testigos aseguraron tener temor de identificar a los «referentes» que abusaban de su poder.
• Después de identificarlos, llegaron a decir que «por esto me pueden llegar a matar».
• Los referentes retenían la mercadería «que bajaba Nación, la municipalidad y provincia». Vecinos de los merenderos vieron cómo parte de los alimentos eran cargados en camionetas y se los llevaban.
• Hay víctimas que mencionan que «los referentes», para inscribirlos en los programas sociales o como una «formalidad para entrar a la orga», les pedían las claves de Mi Argentina, ANSES y AFIP para, se presume, poder acceder a estos sistemas.

«Vivían con miedo. El que no iba a la marcha, no comía. El que no pagaba la cuota, perdía el plan. Eso no es militancia, es mafia», sentenció un investigador.

Una causa en expansión

La multiplicidad de causas que tramita en el juzgado federal de Armella avanza sobre «las estructuras de las organizaciones y las personas imputadas». Actualmente, hay 213 imputados, pero siguen ingresando más causas. La investigación se inició tras la recepción de más de 70 denuncias a la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esos relatos, la mayoría anónimos, pero otros no, afirmaban haber sido «extorsionados» y «presionados» por punteros y dirigentes sociales para asistir a piquetes y marchas a cambio de no perder los beneficios que por derecho les correspondía. Otros reportaron que se les exigía una parte del subsidio a cambio de mantener la ayuda.

Testimonios escalofriantes

Una mujer aseguró: «Si no iba a las marchas, al otro día no me dejaban entrar al comedor». Una segunda relató: «Ellos reparten la comida entre gente conocida, no le dan nada a quienes realmente la necesitan. Nos dan polenta hervida con fideos y dos granos de carne picada». Los relatos, corroborados por el juzgado, fueron incorporados como pruebas en las diferentes causas.

Antecedentes y negativa de los imputados

Las investigaciones del Juzgado Federal Nº 1 de Quilmes se inscriben en un esquema más amplio de causas judiciales por extorsión, administración fraudulenta y amenazas a beneficiarios de programas asistenciales. En este contexto, el juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral y público al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, junto a otros 17 dirigentes en la causa en la que está procesado por, presuntamente, extorsionar a beneficiarios del ex plan Potenciar Trabajo y por defraudar al Estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.

Belliboni sostuvo ante este medio que todo se trata de una vil farsa, orquestada por la administración libertaria de Javier Milei, para desacreditar a los dirigentes sociales que los enfrenta en las calles. No será lo que se diga, sino lo que se pruebe con el tiempo, lo que termine por establecer la verdad.

En primer lugar, hay 213 dirigentes imputados en 200 expedientes por extorsión y fraude. A continuación, se secuestraron 2.500 kilos de alimentos en mal estado y 104.000 unidades sin entregar. Además, los testigos denunciaron que los obligaban a asistir a marchas y a pagar cuotas para no perder los planes. Por último, la investigación continúa y podrían sumarse más imputados.

¿Qué opinás sobre esta megacausa? ¿Creés que los dirigentes sociales usaron los planes sociales como herramienta de extorsión? Dejanos tu comentario. La corrupción en la asistencia social es inaceptable.