Fiscal Carlos Amad solicita el procesamiento de Jorge Capitanich y Marta Soneira por presunta cesión irregular de tierras fiscales
20 de abril de 2026
En un nuevo capítulo de la investigación por la supuesta adjudicación irregular de tierras fiscales en la provincia del Chaco, el fiscal federal Carlos Amad presentó un extenso dictamen solicitando el procesamiento del exgobernador Jorge Capitanich y de la exministra Marta Soneira, junto con varios empresarios vinculados al caso.
El representante del Ministerio Público Federal sostiene que existe evidencia suficiente de un esquema organizado que, bajo apariencia de legalidad administrativa, habría desviado recursos públicos en beneficio de particulares estrechamente relacionados con los funcionarios.
Acusaciones centrales del dictamen fiscal
Según el requerimiento de Amad, la exministra de Desarrollo Territorial y expresidenta del Instituto de Colonización, Marta Soneira, habría incurrido en los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros.
Al exgobernador Jorge Capitanich se le atribuye responsabilidad por los mismos ilícitos, en su calidad de máxima autoridad provincial que debía ratificar mediante decreto las adjudicaciones de mayor extensión. Además, el fiscal pide que se investigue por lavado de activos y evasión impositiva al esposo de Soneira y a sus tres socios, quienes habrían resultado beneficiados con extensas superficies de tierras fiscales.
Amad describe una operatoria sistemática y reiterada: solicitudes con texto prácticamente idéntico, inspecciones técnicas realizadas el mismo día y resoluciones administrativas encadenadas que culminaban en la entrega de tierras públicas. En varios expedientes, los informes de inspección presentaban contenidos prácticamente iguales, lo que, a criterio de la fiscalía, demostraría que el proceso estaba predeterminado.
El rol del exgobernador y la obligación de custodiar el patrimonio estatal
Un párrafo clave del dictamen fiscal resume la posición de Amad respecto de Capitanich:
“Debía custodiar los bienes del Estado y no dárselos a socios del esposo de una funcionaria”.
El fiscal rechaza la defensa del exgobernador, quien sostiene que se limitó a firmar actos formales de gobierno confiando en los informes técnicos previos. Amad califica esta postura como un “absurdo lógico” y afirma que la máxima autoridad provincial tenía el deber de verificar a quién se entregaban tierras públicas, especialmente cuando los beneficiarios eran socios directos del esposo de su ministra.
“La obligación era custodiar los bienes del Estado y no dárselos a socios del esposo de una funcionaria. Sostener que debe firmar ‘sí o sí’ incluso ante irregularidades es, para la fiscalía, un absurdo lógico que no lo exime de responsabilidad penal”, señala el escrito.
Incompatibilidades funcionales de Marta Soneira
Respecto de la exministra, el fiscal destaca que ejerció simultáneamente el cargo de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Desarrollo Territorial. Aunque el primero era sin goce de sueldo, Amad considera acreditado el ejercicio efectivo de ambos roles y afirma que dicha acumulación generó incompatibilidades que no se ven eximidas por su carácter provisorio.
Implicancias políticas e institucionales
Este requerimiento de procesamiento pone en el centro del debate la responsabilidad de los funcionarios de mayor jerarquía en la custodia del patrimonio público y la obligación de evitar cualquier apariencia de conflicto de intereses, especialmente cuando los beneficiarios mantienen vínculos familiares o empresariales directos con el entorno de los decisores.
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