Gobernadores Desafían a la Casa Rosada: Avanzan con Proyecto de Ley Propio tras Fracaso en Negociaciones por Fondos
24 de junio de 2025 – En un nuevo capítulo de tensión entre los gobernadores y el Gobierno Nacional, las negociaciones por la distribución de fondos colapsaron este lunes en una reunión celebrada en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), ubicada en Azopardo 750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frustrados por la falta de respuestas concretas de la Casa Rosada, los mandatarios provinciales decidieron avanzar con un proyecto de ley propio para redistribuir los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), marcando un punto de inflexión en su relación con el Ejecutivo liderado por Javier Milei. Esta iniciativa, que no cuenta con el aval del Gobierno Nacional, busca garantizar una distribución más equitativa de fondos en un contexto de crisis económica y caída de la recaudación.
Fracaso en las Negociaciones
El encuentro comenzó con la participación de gobernadores de 22 de las 24 jurisdicciones, con la ausencia de Formosa y Corrientes, y contó con la presencia de figuras clave como Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA), Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Sergio Zilotto (La Pampa) e Ignacio Torres (Chubut), entre otros. A la reunión se sumaron, por parte del Ejecutivo, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quienes permanecieron cerca de una hora y media.
El Gobierno Nacional presentó una contrapropuesta que incluía un incremento del 50% en la coparticipación del ICL y una revisión de la distribución de los ATN, pero los detalles no fueron divulgados. Sin embargo, esta oferta no satisfizo a los mandatarios, quienes denunciaron la falta de avances concretos desde la reunión previa del 3 de junio, cuando elevaron reclamos similares al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Francos, en aquella ocasión, se había comprometido a analizar los números, pero las provincias consideran que no hubo respuestas efectivas.
Tras la retirada de los funcionarios nacionales, los gobernadores continuaron deliberando y consensuaron un proyecto de ley que será presentado en el Congreso de la Nación a través de la Cámara de Diputados. Fuentes cercanas al Ejecutivo minimizaron el impacto de esta decisión, asegurando que no incrementará la tensión con las provincias y destacando la disposición al diálogo. No obstante, la iniciativa provincial representa un desafío directo a la política fiscal del Gobierno de Milei, en un contexto preelectoral que podría complicar las negociaciones legislativas.
Detalles del Proyecto de Ley
El proyecto, respaldado por representantes de todas las provincias, propone dos cambios estructurales en la distribución de recursos:
- Eliminación de fondos fiduciarios del Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966): Actualmente, solo el 10,4% de la recaudación del ICL se reparte entre las provincias, mientras que el resto se destina a fondos fiduciarios como el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica y la Compensación al Transporte Público. Los gobernadores buscan que el 52% de este impuesto sea coparticipado directamente con las provincias según el índice de coparticipación federal, permitiendo a cada jurisdicción definir sus prioridades.
- Redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): Los mandatarios exigen que los ATN, manejados históricamente de forma discrecional por el Ejecutivo, se distribuyan automáticamente y en forma diaria conforme a los criterios de coparticipación primaria y secundaria establecidos en la Ley 23.548. Además, proponen modificar el artículo 5º de esta ley para garantizar que los ATN se destinen específicamente a emergencias y desequilibrios financieros, con un reparto equitativo entre Nación, provincias y CABA.
El documento firmado por los gobernadores subraya que la iniciativa no comprometerá la sostenibilidad fiscal nacional y que promoverá un “federalismo más justo” al garantizar una mayor equidad distributiva de los recursos generados en todo el territorio. En palabras del gobernador pampeano Sergio Zilotto, estos fondos son “imprescindibles para sostener la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la contención social y la obra pública en nuestras jurisdicciones”. Axel Kicillof, por su parte, destacó en X: “Un trabajo conjunto muy importante para consolidar el federalismo y defender los fondos que genera el pueblo, que significan más salud, educación, infraestructura y derechos”.
Contexto y Tensión Política
La decisión de los gobernadores surge en un momento de crisis económica que ha reducido los ingresos tanto de la Nación como de las provincias. Según un informe de la Comisión Federal de Impuestos, las transferencias automáticas a las provincias cayeron un 4,2% en términos reales respecto al año anterior, representando una pérdida de $2,5 billones (equivalente al 0,3% del PBI). En el caso de provincias como Mendoza, la reducción de la coparticipación alcanzó el 24,1% en mayo de 2025 comparado con mayo de 2024.
El reclamo por los fondos del ICL y los ATN no es nuevo. Desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, las provincias han denunciado la paralización de la obra pública, la eliminación de subsidios al transporte y la discrecionalidad en la distribución de los ATN, que han caído casi a cero en algunos casos. El Impuesto a los Combustibles Líquidos, que en 2025 mostró un crecimiento real del 103,9% en los primeros cinco meses según el Ministerio de Hacienda, es un punto crítico, ya que su recaudación se concentra mayoritariamente en manos de la Nación.
La cumbre del CFI reflejó una unidad inusual entre gobernadores de distintos espacios políticos, desde peronistas como Kicillof y Zilotto hasta aliados del oficialismo como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Jorge Macri (CABA). Sin embargo, existen dos posturas internas: los dialoguistas, como Cornejo, Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que prefieren negociar con la Casa Rosada antes de avanzar con la ley; y los opositores, que buscan presionar al máximo para recuperar recursos.
Respuesta del Gobierno Nacional
Desde la Casa Rosada, el tono fue conciliador pero firme. Fuentes oficiales minimizaron la iniciativa provincial, asegurando que los ATN están en niveles récord y que los fondos del ICL se destinan a obras viales, contradiciendo las demandas de los gobernadores. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticó a los mandatarios, señalando que “hicieron mucho esfuerzo, pero nunca lo necesario”, y defendió el equilibrio fiscal como prioridad del Gobierno. A su vez, se comprometieron a mantener abiertas las mesas de diálogo, con el Consejo de Mayo –convocado para este martes en Casa Rosada y liderado por Cornejo como representante de los gobernadores– como un espacio clave para negociar.
No obstante, el proyecto de ley podría generar fricciones significativas. Si el Congreso lo aprobara por unanimidad, el veto presidencial de Milei sería inviable, lo que obligaría al Ejecutivo a rediscutir la distribución de fondos. Como moneda de cambio, los gobernadores podrían condicionar el apoyo a iniciativas clave del oficialismo, como la reforma laboral o el Pacto de Mayo, intensificando la pulseada política en un año electoral.
Implicaciones y Debate
La iniciativa de los gobernadores marca un desafío directo al modelo fiscal de Milei, que prioriza el déficit cero y la centralización de recursos para mantener el equilibrio financiero. Para las provincias, la redistribución de los fondos del ICL y los ATN es esencial para financiar servicios básicos en un contexto de caída del consumo, baja recaudación y freno a la obra pública. Sin embargo, el proyecto también plantea interrogantes sobre su viabilidad legislativa y su impacto en las finanzas nacionales, especialmente en un momento de alta sensibilidad económica.
En redes sociales, la noticia generó un amplio debate. Usuarios en X destacaron la unidad de los gobernadores como una señal de fortaleza federal, pero también expresaron escepticismo sobre la capacidad del Congreso para avanzar con la ley sin un acuerdo con el Ejecutivo. Ignacio Torres (Chubut) escribió en X: “Seguimos impulsando una reforma fiscal que termine con el esquema distorsivo, regresivo y profundamente injusto que ahogó a las economías regionales”, mientras que Kicillof enfatizó la defensa de los fondos provinciales como un acto de justicia social.
¿Qué Opinás?
¿Creés que los gobernadores lograrán imponer su proyecto de ley en el Congreso? ¿Es esta iniciativa un paso hacia un federalismo más equitativo o un riesgo para la estabilidad fiscal nacional? ¿Qué rol debería jugar el diálogo con la Casa Rosada en este conflicto? Sumate a la conversación en los comentarios o en redes sociales con el hashtag #Coparticipación2025. ¡Tu perspectiva es fundamental para entender este momento clave en la política argentina!
