«Hay una relación directa entre el hacinamiento y las fugas»
El presidente del Comité Contra la Tortura instó a una urgente reforma del Código Procesal, que surja como alternativa a la sobrepoblación.
Ocho detenidos se fugaron de comisarías chaqueñas en los últimos diez días. El último y más resonante caso fue el del miércoles por la noche, que tuvo lugar en la comisaría Cuarta de Sáenz Peña, cuando seis de los alojados rompieron el candado de un patio y huyeron. Hasta la tarde de ayer se había recapturado a dos de los que escaparon en la ciudad termal.
La sucesión de estos hechos en un corto período de tiempo volvió a poner sobre el tapete una problemática que lleva años en la provincia y que todavía no puede solucionarse, como es el hacinamiento, principalmente en establecimientos en los cuales lejos están de respetarse condiciones mínimas de derechos humanos para privados de la libertad.
«En el Gran Resistencia, 59% de los detenidos duerme en el piso», señala el presidente del Comité contra la Tortura, Kevin Nielsen, como ejemplo más gráfico de lo que no se respeta en estos ámbitos.
En diciembre de 2021, el gobernador decretó la emergencia carcelaria y en los fundamentos del decreto se señala que las plazas que existen en las dependencias policiales no llegaban a las 550 y los detenidos alcanzaban a 1359.
«Hay algunas situaciones muy críticas, de riesgo humanitario, el hacinamiento lleva a la conflictividad personal y otra serie de emergentes, en la mayoría de los lugares no se cubren pisos mínimos de dignidad», señaló.
ESTRUCTURAL
Claro está que no se trata de que la sobrepoblación sea la única razón que explica las fugas, la corrupción no está ausente y entre las alternativas que también se debaten hace tiempo como potenciales soluciones está la de reformar el Código Procesal Penal para rever los criterios que se toman para dictar prisiones preventivas.
«La Policía está absolutamente limitada, no tiene personal para atender ciertas demandas y ahí hay una cuestión de cómo se relaciona este problema estructural de la Policía, custodiando personas privadas libertad durante largos periodos de tiempo, porque hay personas que pasan más de dos años en el ámbito de comisarías», lamentó.
Volviendo a la cuestión de fondo, Nielsen señala que si bien es una obligación plena del Poder Ejecutivo la de velar por la custodia de detenidos y condenados, la decisión de interrumpir la libertad la tiene solamente la Justicia y la falta de puntos en común generan estos desbordes en cuanto a cantidades.
«Muchas veces los poderes Ejecutivos se encuentran en la encrucijada de tener que tolerar la tasa de encarcelamiento que dispone el Poder Judicial. La clave para solucionar la cuestión carcelaria es que exista una corresponsabilidad de que el Poder Judicial asuma su parte cuando diseña su política criminal, que en definitiva es revisar o determinar qué delitos merecen el encierro hasta que llegue el juicio o, en cambio, si voy a dar alternativas para solucionar ese conflicto», consideró.
Como ejemplo y en línea con lo que muchos consideran un abuso en el dictado de prisiones preventivas y que lleva a las reformas de fondo que se plantean, expresó que la «tasa de delitos no crece y sin embargo se recurre al encarcelamiento amparándose en un código vetusto, que precisa modificaciones de forma urgente». Como lo que ocurre en el ámbito federal, en el que fiscales fijan el uso de pulseras electrónicas o prisiones domiciliarias antes de recurrir a la privación plena de la libertad.
