Imputaron a Milei, Lilia Lemoine y al «Gordo Dan» por amenazas de muerte y campaña de odio contra Julia Mengolini
Buenos Aires, 15 de agosto de 2025 — El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó este jueves al presidente Javier Milei, a la diputada nacional Lilia Lemoine y a un grupo de funcionarios y tuiteros libertarios —entre ellos, el «cineasta» oficial Santiago Oría y el conocido comunicador Daniel Parisini («El Gordo Dan»)— por amenazas de muerte, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita contra la periodista Julia Mengolini. La causa, iniciada por la propia Mengolini, tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro y busca determinar si los ataques en su contra fueron organizados, coordinados desde el Gobierno y financiados con fondos públicos.
El origen de la causa: una campaña de odio con uso de inteligencia artificial
La investigación se desató tras una serie de amenazas de muerte y una campaña de desprestigio contra Mengolini, que incluyó la difusión de videos generados con inteligencia artificial (deepfakes) en los que se simulaba una falsa relación incestuosa entre la periodista y su hermano. Estos contenidos fueron amplificados por cuentas vinculadas al oficialismo, incluyendo retuits del propio presidente Milei en la red social X (antes Twitter).
Mengolini denunció ante la Cámara de Diputados que sufre una «tortura» sistemática, orquestada desde «las más altas esferas del Estado». En un emotivo testimonio ante la Comisión de Mujeres y Diversidad, relató cómo estos ataques afectaron su vida personal y profesional: «Soy víctima de una campaña de odio orquestada desde las más altas esferas del Estado nacional desde hace algún tiempo, con una persistencia que no termina nunca. Soy blanco de recortes de todo tipo que hacen de mí un personaje absolutamente extraño, siniestro, que todo el tiempo entra en contradicciones y genera repulsión y odio en las señoras que miran la tele», declaró con la voz quebrada.
Las medidas ordenadas por la Justicia
El fiscal Fernando Domínguez dispuso una batería de medidas para avanzar en la investigación:
- Identificación y ubicación de las personas que emitieron amenazas de muerte contra Mengolini y su familia.
- Protección policial para la periodista y su círculo íntimo, incluyendo la entrega de un botón antipánico.
- Solicitud de información a las empresas dueñas de redes sociales (como X/Twitter) para rastrear el origen de los posteos más violentos, la difusión de información falsa y los datos de los principales diseminadores de los ataques.
- Análisis de posibles vínculos entre los agresores y funcionarios del Gobierno, así como el uso de fondos públicos para financiar la campaña de desprestigio.
Los imputados y sus roles
Además de Milei y Lemoine, la investigación alcanza a figuras cercanas al oficialismo:
- «El Gordo Dan» (Daniel Parisini): comunicador y tuitero libertario, conocido por sus declaraciones polémicas.
- Santiago Oría: cineasta vinculado al Gobierno, acusado de participar en la difusión de contenidos falsos.
- Otros funcionarios y operadores digitales que habrían actuado en coordinación para atacar a Mengolini.
La hipótesis fiscal apunta a que los ataques no fueron aislados o espontáneos, sino parte de una estrategia sistemática para intimidar y silenciar a la periodista, utilizando recursos estatales y redes sociales.
El contexto: libertad de expresión vs. violencia política
Este caso se enmarca en un debate más amplio sobre los límites de la libertad de expresión y el uso de redes sociales para difundir odio y desinformación. Mengolini no es la única periodista que ha denunciado ataques desde sectores oficiales: en los últimos meses, varios comunicadores críticos con el Gobierno han sido blanco de campañas de desprestigio, amenazas y difamación.
La causa también revivió el cuestionamiento sobre el rol del Estado en la promoción de discursos de odio, especialmente cuando estos provienen de figuras públicas y funcionarios.
Próximos pasos
La Justicia deberá ahora analizar la información recabada de las redes sociales, interrogar a los imputados y determinar si hubo financiamiento estatal para los ataques. Mientras tanto, Mengolini continúa bajo protección policial y con medidas de seguridad reforzadas.
