Incertidumbre en el INTA Corrientes por su Reestructuración
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Corrientes enfrenta un período de incertidumbre debido a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que propone su disolución y reestructuración. Gabriel Escobar, secretario general de APINTA Corrientes, ha señalado que quedan 30 días para que este decreto se consolide, lo que ha generado preocupación tanto entre los trabajadores como entre las entidades agrarias.
Impacto del DNU
Según Escobar, si el DNU se mantiene, el INTA perdería su autonomía y la capacidad de tomar decisiones consensuadas a través de su consejo directivo. «Si sigue el DNU y se termina aprobando, las decisiones pasarán por una persona, que es el presidente del INTA y que será puesto por el Ejecutivo provincial», manifestó Escobar en diálogo con radio Sudamericana. Esto implicaría un cambio significativo en la estructura de toma de decisiones, centralizando el poder en una sola figura designada por el gobierno provincial.
Consecuencias de la Reestructuración
La reestructuración propuesta por el DNU podría resultar en el cierre de 221 agencias en todo el país y la disponibilidad de 1,500 agentes. En Corrientes, 86 agentes dependen de la Estación Experimental, lo que añade una capa adicional de preocupación por el futuro laboral y operativo de estos trabajadores.
Preocupaciones de los Trabajadores y Entidades Agrarias
La incertidumbre generada por este decreto no solo afecta a los trabajadores del INTA, sino también a las entidades agrarias que colaboran y dependen de los servicios y la investigación proporcionados por el instituto. La posible pérdida de autonomía y la centralización de las decisiones podrían afectar la capacidad del INTA para responder a las necesidades reales del sector agropecuario en la región.
Conclusión
La situación actual del INTA Corrientes refleja un momento crítico en el que tanto los trabajadores como las entidades relacionadas esperan con preocupación los resultados de este proceso de reestructuración. La posible pérdida de autonomía y la centralización de las decisiones podrían tener un impacto significativo en la capacidad del instituto para operar de manera efectiva y responder a las demandas del sector agropecuario.
