Javier Milei quiere eliminar la ley de etiquetado frontal de alimentos
Desde el Ejecutivo argumentan que la norma provoca sobrecostos y presenta limitaciones técnicas para las empresas. El proyecto ya fue enviado al Senado. La oposición ya anticipó su rechazo.
El Gobierno nacional formalizó el envío de un nuevo paquete de leyes al Congreso y la primera iniciativa en salir a la luz apunta al corazón de la política alimentaria vigente: propone la derogación total de la Ley 27.642, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal.
El proyecto, que ingresó formalmente para comenzar su debate en el Senado, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones.
Los argumentos del Gobierno
En los fundamentos del texto oficial, el Ejecutivo asegura que tras su periodo de aplicación se detectaron «diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas» que justifican dar marcha atrás con la normativa que llenó de octógonos negros las góndolas del país.
Desde el Gobierno cuestionaron duramente la eficacia del sistema actual basándose en varios puntos clave:
- Confusión en el consumidor: Según el proyecto, el esquema obligatorio basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplica «criterios homogéneos a alimentos de características muy diferentes». Esto provoca que productos tradicionalmente aceptados dentro de la cultura nutricional reciban advertencias equivalentes a las de ultraprocesados de menor calidad.
- Falta de incentivo industrial: La Casa Rosada argumenta que «la estructura binaria» del sistema vigente (el alimento tiene o no tiene el sello) dificulta que las empresas reflejen mejoras o reformulaciones parciales en la composición de sus productos.
- Sobrecostos y distorsiones: Apuntan que la ley trajo complicaciones operativas, exigencias de rediseño de envases y «procesos de concentración de mercado» que terminan perjudicando la actividad productiva.
No se elimina la obligación de informar
Ante la polémica que pueda generar la medida, el mensaje enviado al Parlamento aclara de forma taxativa que no se eliminará la obligación de informar los componentes de los alimentos.
«La medida que se propicia no implica la eliminación de las obligaciones de información nutricional, las cuales continuarán plenamente vigentes en el marco del Código Alimentario Argentino», reza el texto. De igual modo, recordaron que siguen rigiendo las normas generales de defensa del consumidor y publicidad engañosa.
Hacia un nuevo modelo
El objetivo planteado por la gestión actual es derogar el esquema rígido actual y avanzar hacia un nuevo modelo que sea «más preciso, contextualizado y científicamente consistente», adaptado a los esquemas de información nutricional ya armonizados dentro del Mercosur.
Tratamiento urgente
El proyecto cuenta con un articulado breve: el primero establece la derogación total de la norma y el segundo fija su entrada en vigencia inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial. El Ejecutivo solicitó formalmente a las cámaras un «pronto tratamiento y sanción».
Un debate que promete ser intenso
La ley de etiquetado frontal fue una de las normas más emblemáticas del gobierno anterior y contó con amplio respaldo de organizaciones de consumidores, sociedades científicas y la OPS. Su derogación generará un fuerte debate en el Congreso, donde la oposición ya anticipó su rechazo.
Mientras tanto, los octógonos negros que hoy conviven en las góndolas argentinas podrían tener los días contados. El Gobierno dice que confunden y encarecen. Los defensores de la ley sostienen que salvan vidas. La discusión, ahora, está en manos del Senado. El tiempo dirá si los sellos negros siguen acompañando las compras de los argentinos o pasan a ser un recuerdo.
