Jornada clave en Diputados: el Gobierno logró quórum y debate baja de imputabilidad a 14 años y el acuerdo con Europa
Pasadas las 11 de la mañana, la Cámara de Diputados encendió sus pantallas y puso en marcha la primera sesión ordinaria del año. Con el triunfo fresco en el Senado por la reforma laboral, el oficialismo apuesta a una doble conquista: bajar la edad de imputabilidad a 14 años y aprobar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Adentro, 3.039 páginas. Afuera, la misma tensión de siempre.
El quórum que habilita todo
El oficialismo juntó los votos. Con el respaldo del PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas, Innovación Federal y una excepción que rompe la disciplina opositora: el massista Ramiro Gutiérrez, especialista en seguridad de Unión por la Patria, se sentó para habilitar el debate.
El Frente de Izquierda y la mayor parte de UP se negaron. Pero el número estaba. La sesión, abierta.
Juan Schiaretti juró como diputado. Había sido intervenido cardiovascularmente en diciembre y no había podido asumir. Desde el palco lo acompañó su mujer, la senadora Alejandra Vigo. Luego, un minuto de silencio por la ex diputada del PJ Sandra Mendoza, fallecida el miércoles.
Régimen Penal Juvenil: 14 años, penas de 15 años y una partida de $23.700 millones
El proyecto que impulsa el Gobierno tiene 81 firmas de respaldo y propone:
Baja de la imputabilidad de 16 a 14 años. El texto incluye actividades educativas, recreativas y deportivas obligatorias, atención médica y contención por adicciones, e informes trimestrales de las autoridades.
Penas máximas de 15 años, con posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena.
Y una novedad central: una partida presupuestaria específica de $23.739.155.303 para su implementación. Más de $20.000 millones irán a la Defensoría General de la Nación, para garantizar la defensa de los jóvenes en conflicto con la ley. Otros $3.000 millones al Ministerio de Justicia, que definirá la figura de los «supervisores»: autoridades a cargo del seguimiento, asistencia y control del adolescente.
«Nada de lo presupuestario sale sin el aval del Ministerio de Economía» , aseguraron desde el oficialismo.
Unión por la Patria llegó dividida. Presentó dos dictámenes: uno que sostiene la edad actual y otro (del sector massista) que también baja a 14 años. Provincias Unidas tiene su propio proyecto con la misma edad. El FIT y el peronista catamarqueño Sebastián Nóblega presentaron iniciativas de rechazo.
Acuerdo Mercosur-UE: 46 firmas y 3.039 páginas de libre comercio
El otro gran tema de la jornada es la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 17 de enero en Asunción.
El proyecto obtuvo dictamen de mayoría el miércoles con 46 firmas sobre 72 presentes y ahora busca media sanción en el recinto .
El objetivo: eliminar gradualmente aranceles en cerca del 90% del comercio bilateral . La UE ampliará exportaciones de vehículos, maquinaria, vinos y licores; el Mercosur ganará acceso para carne bovina, soja, miel, azúcar y arroz .
«Es la zona de libre comercio más importante del mundo, con más de 700 millones de consumidores» , celebró el diputado Damián Arabia (PRO) .
Pero el acuerdo llega al recinto con una espada de Damocles sobre la cabeza.
La Europa que frena: el TJUE, las salvaguardas y la paciencia latinoamericana
El Parlamento Europeo votó el 21 de enero remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que dictamine sobre su legalidad .
Fue por un margen ajustadísimo: 334 votos a favor, 324 en contra . Detrás de la jugada, una alianza inédita entre la izquierda (Los Verdes, La Izquierda) y la ultraderecha (Patriotas por Europa) .
El TJUE puede demorar entre 18 y 24 meses en expedirse .
Los cuestionamientos centrales:
1. La división del acuerdo. La UE separó el pacto en dos instrumentos: uno de asociación política (requiere ratificación de los 27 parlamentos nacionales) y otro comercial (solo necesita aval del Parlamento Europeo y el Consejo). Los opositores sostienen que es una maniobra para evitar el control de los Estados miembros .
2. El mecanismo de reequilibrio. Permite al Mercosur tomar medidas compensatorias si futuras leyes europeas reducen sus exportaciones. Para los críticos, esto limitaría la autonomía regulatoria de la UE en materia ambiental y sanitaria .
3. Las salvaguardas. La Comisión Europea aprobó un reglamento de último minuto que activaría frenos automáticos si las importaciones aumentan un 5% y los precios caen un 5% respecto de la media . Pero los países del Mercosur dejaron una posición tajante: las salvaguardas no forman parte del acuerdo y no están obligados a cumplirlas .
«Las salvaguardias no están en el acuerdo y no se van a cumplir. No es un mecanismo de seguridad, es un mecanismo de contención del descontento» , denunciaron sectores opositores europeos .
El presidente Javier Milei fue explícito en Asunción: «Es fundamental que en la etapa de implementación se preserve el espíritu de lo negociado. La incorporación de mecanismos que restrinjan ese acceso reducirá significativamente el impacto económico del acuerdo» .
El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, fue más directo aún: «Las cláusulas de salvaguardia no forman parte del acuerdo suscrito en Montevideo en diciembre de 2024» .
El frente interno: apoyo con matices, rechazo con fervor
En Argentina, el acuerdo tiene 46 firmas de respaldo en Diputados, pero la oposición cuestiona la celeridad.
Germán Martínez, jefe de UP, disparó: «Pasaron 19 días desde que ingresó el proyecto y acá lo quieren tratar en 72 horas. Un acuerdo de esta complejidad no puede aprobarse sin un debate profundo» .
Reclamó la presencia del canciller Pablo Quirno, que no asistió.
Desde el oficialismo, Juliana Santillán (LLA) defendió el trámite: «Es un acuerdo estratégico que lleva 32 años de negociación. No hay apresuramiento, hay decisión» .
Karina Banfi (UCR) lo definió como «la política más sólida y sostenida del Mercosur» .
Lo que viene: aplicación provisional y el fantasma de Trump
Mientras el TJUE decide, la Comisión Europea puede activar la aplicación provisional del acuerdo. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ya dio luz verde: «Invito a la Comisión a implementar la aplicación provisional» .
Pero hacerlo tensaría aún más la relación con el Parlamento . Y políticamente, sería un misil a la línea de flotación de los gobiernos que enfrentan protestas agrarias en Francia, Polonia, Irlanda y Austria.
El contexto global juega a favor del acuerdo. Pedro Sánchez lo defendió en el Congreso español como un antídoto contra la «ley de la selva» de Donald Trump . Alemania y España presionan para que el tratado no naufrague.
Los socios latinoamericanos, mientras tanto, están cansados. El presidente paraguayo, Santiago Peña, ya advirtió: «Si retrasan esto aún más, seguiremos adelante. Firmamos con Singapur, negociamos con Emiratos, Canadá, Japón, Corea. Vietnam e Indonesia son los próximos» .
Preguntas para una jornada de definiciones
¿Bajar la imputabilidad a 14 años reduce el delito o solo baja la edad de encierro?
¿El presupuesto de $23.700 millones alcanza para garantizar derechos o es apenas un piso?
¿El acuerdo con Europa es una oportunidad histórica o una concesión asimétrica?
¿Qué pasa si el TJUE declara ilegal el instrumento comercial?
¿Cuánto más puede esperar América Latina?
El Congreso debate. Europa mira. El campo, aquí y allá, protesta.
Dos proyectos. Dos modelos. Una misma jornada.
Adentro, los 257. Afuera, los que siempre esperan.
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El Gobierno logró quórum y debate dos leyes clave. La imputabilidad baja a 14 años, con penas de 15 y una partida de $23.700 millones. El acuerdo con Europa, firmado en enero, busca media sanción mientras el TJUE lo congela en el viejo continente.
