La Cámpora Denuncia Vigilancia Policial en el Balcón de Cristina Fernández de Kirchner y Apunta a Patricia Bullrich

21 de junio de 2025 – La agrupación La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner, denunció que efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) están grabando imágenes desde balcones aledaños al departamento de Cristina Fernández de Kirchner en el barrio de Constitución, Buenos Aires, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. La denuncia, publicada en la cuenta oficial de X de La Cámpora, incluye una imagen de un oficial con una cámara y responsabiliza directamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusan de orquestar un operativo “ilegal” y sin orden judicial para provocar conflictos. En un contexto de alta tensión social, con un desempleo del 9,7% en el Conurbano y 9,2% en Gran Córdoba (INDEC), y tras la reprogramación de un banderazo al Parque Lezama para evitar enfrentamientos, Cristina y sus seguidores califican estas acciones como una estrategia de “provocación” para desviar la atención de la crisis económica. ¿Creés que estas medidas son una persecución política o una acción de seguridad legítima? Dejá tu comentario y sumate al debate.

Detalle de la Denuncia

La Cámpora denunció que la PFA, bajo la órbita de Patricia Bullrich, ha ocupado balcones cercanos al departamento de Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111, Constitución, para grabar imágenes de su balcón, donde la expresidenta ha saludado a militantes en el pasado. La publicación en X de La Cámpora, acompañada de una foto de un oficial con una cámara, afirma: “Hay balcones 😠 y balcones 🥰”, en una crítica implícita al operativo policial. Máximo Kirchner, líder de la agrupación, señaló: “Puede defender cualquier tipo de ideas a lo largo de su vida, pero lo que no cambia nunca es su propensión a la violencia”, refiriéndose a Bullrich y acusándola de buscar protagonismo político.

Cristina, por su parte, denunció en X que, durante la madrugada del 20 de junio, la PFA realizó un operativo “ilegal” frente a su domicilio sin orden judicial, calificándolo como un intento de provocación: “Patricia Bullrich, esa mujer nefasta, capaz de cualquier cosa: su historial lo demuestra. Integró todos los gobiernos que terminaron provocando grandes problemas al país”. La expresidenta acusó a Bullrich de intentar “generar caos” para distraer de la crisis económica, citando el aumento del desempleo (9,7% en el Conurbano, 8,9% en el Gran Resistencia, INDEC) y la caída del poder adquisitivo, con una Canasta Básica Total de $1,08 millones en Chaco (ISEPCi).

En un mensaje grabado desde el Parque Lezama, donde se redirigió un banderazo originalmente convocado frente a su domicilio por el Día de la Bandera, Cristina instó a sus seguidores a actuar con “sabiduría y templanza” para evitar conflictos: “Sé que la tienen. No seamos ingenuos ni funcionales a la provocación de la Señora Violencia”. El cambio de locación buscó prevenir enfrentamientos, dado el despliegue de vallas y efectivos de la PFA y la Policía de la Ciudad, que incluyó patrullajes las 24 horas y la remoción de gazebos instalados por militantes.

Respuesta de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el operativo en un posteo en X: “Hoy desplegamos a la PFA para mantener el orden en San Telmo, cuando militantes kirchneristas, violentos y ruidosos, estaban convirtiendo las calles del barrio en una unidad básica. Los vecinos se merecen vivir en paz, disfrutando sus días con libertad y tranquilidad”. Bullrich justificó las medidas como una respuesta a las quejas de los vecinos de Constitución, quienes, según el Ministerio, reportaron interrupciones por las vigilias de militantes kirchneristas.

El operativo incluyó un vallado perimetral, consigna permanente de la PFA en la entrada del edificio y patrullajes en un radio de varias cuadras, coordinados con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La administración porteña retiró ocho gazebos, mesas, sillas y seis parrillas instalados por militantes, argumentando la necesidad de mantener el orden y la limpieza en el espacio público.

Contexto Político y Judicial

Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad, ratificada por la Corte Suprema el 10 de junio de 2025. La sentencia, dictada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), incluye una inhabilitación perpetua para cargos públicos, lo que el Partido Justicialista (PJ), presidido por Cristina, denuncia como una “proscripción política” para impedir su participación en las elecciones de medio término de septiembre y octubre de 2025.

El operativo policial se enmarca en un contexto de alta tensión tras la condena. El TOF 2, presidido por el juez Jorge Gorini, solicitó al Ministerio de Seguridad el 10 de junio que garantice la seguridad de Cristina, considerando su edad (72 años), su rol como expresidenta y el intento de magnicidio que sufrió en 2022. Sin embargo, Cristina y sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, denunciaron restricciones “arbitrarias” en su régimen de visitas, que limitan el acceso a familiares, abogados y médicos, y cuestionaron la legalidad del operativo del 20 de junio.

La Cámpora y Cristina acusan a Bullrich de buscar una “humillación” pública, especialmente tras reportes de que el Ministerio de Seguridad propuso que Cristina no cumpla la prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, argumentando que no es un lugar seguro. El juez Gorini aclaró el 19 de junio que Cristina puede salir al balcón, pero con “prudencia” para no perturbar la tranquilidad del barrio, una condición que sus seguidores consideran una violación de sus derechos.

Repercusiones y Clima Social

La denuncia de La Cámpora se produce en un contexto de creciente malestar social, con el desempleo alcanzando picos del 9,7% en el Conurbano y 8,9% en el Gran Resistencia (INDEC), y la Canasta Básica Alimentaria en Chaco trepando a $475.686 (+46,47% interanual, ISEPCi). Cristina vinculó el operativo a un intento de distraer la atención de la crisis económica, criticando el “superávit fiscal trucho” del gobierno de Javier Milei, que, según ella, se logra a costa de desfinanciar provincias, educación, salud y obra pública.

El banderazo en el Parque Lezama, al que asistieron figuras como Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y gremios como la CTA y la UTEP, fue presentado como una defensa de la “democracia” y una protesta contra el “ajuste económico”. Cristina advirtió en su mensaje grabado: “La gente no come policías ni presos políticos. Tarde o temprano, este modelo se cae”. La movilización, que según organizadores reunió a 500.000 personas (aunque la Policía de la Ciudad estimó 40.000), se desarrolló sin incidentes, a pesar de las tensiones previas.

En Chaco, el Día de la Bandera estuvo marcado por un acto encabezado por el gobernador Leandro Zdero, quien llamó a “renacer el sentido patrio” en un contexto de lluvias y anegamientos que afectaron Resistencia. La situación económica, con la UIA alertando sobre una recesión industrial y el 11,4% de empresas que dejaron de exportar, refuerza el discurso de Cristina sobre un modelo económico “insostenible”.

Análisis y Reflexión

La denuncia de La Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner pone de manifiesto el clima de polarización política en Argentina. Por un lado, los kirchneristas denuncian una persecución judicial y policial destinada a neutralizar a Cristina como figura política, apoyados por el respaldo de líderes latinoamericanos como Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro en 2022. Por otro, el gobierno de Milei y Bullrich defienden el operativo como una medida para garantizar el orden público, en línea con las quejas de vecinos y la necesidad de cumplir con las disposiciones judiciales.

La presencia de un oficial grabando desde un balcón, aunque no se ha confirmado su propósito exacto, intensifica las acusaciones de vigilancia indebida. La falta de una orden judicial, como denunció Cristina, plantea interrogantes sobre la legalidad del operativo, mientras que la respuesta de Bullrich sugiere una estrategia para desmovilizar las concentraciones kirchneristas, que han generado tensiones en Constitución desde la confirmación de la condena.

En Chaco, donde la crisis económica y las lluvias complican la vida diaria, este episodio resuena como parte de un debate nacional sobre la justicia, la seguridad y los derechos políticos. La UIA advirtió sobre la pérdida de competitividad industrial, y las inspecciones del Senasa en frigoríficos chaqueños buscan fortalecer un sector clave, pero la atención pública se centra en estas disputas políticas que dividen al país.

¿Creés que el operativo policial es una medida de seguridad justificada o una provocación política? ¿Cómo impacta esta situación en la confianza en las instituciones? Compartí esta nota en tus redes con el hashtag #CristinaBullrich2025 y contanos: ¿qué pensás de las acusaciones de La Cámpora y la respuesta de Bullrich? Dejá tu comentario y sigamos analizando este momento crítico para Argentina desde Resistencia y todo el país.