La Defensa Desmiente las Afirmaciones de Sotelo: «Estas Acusaciones son Inexactas, Antojadizas, Parcializadas y Caprichosas»

El abogado técnico Cesar Collado, representante de los policías Francisco Sosa y Agustín Díaz, acusados de detener y matar a Leandro Bravo en febrero de 2022, refutó los dichos del abogado Roberto Sotelo, apoderado del «Comité de Prevención contra la Tortura» quien dijo el detenido fue torturado por los policías.
La detención y posterior deceso de Leandro Bravo ocurrió en 2022 en la ciudad de Charata. Por el hecho están detenidos cuatro policías de la comisaría de Charata, a los que la fiscal especial en Derechos Humanos los está investigando por presunta responsabilidad por la muerte del joven, tras un procedimiento que tuvo lugar en la mencionada localidad.
Cabe destacar que por la gravedad de lo ocurrido tratándose de funcionarios públicos de fuerzas, caratuló la causa como ‘tortura seguida de muerte‘; de ser encontrados responsables del hecho, la sentencia sería prisión perpetua.
Es por ello que el abogado de los uniformados Cesar Collado, buscará el próximo mes de agosto durante el juicio oral, dejar en evidencia que «la detención de Leandro Bravo fue legal y legítima como marca la Constitución», resalto el abogado Collado a NORTE.
En este sentido reiteró: «Se dejará en claro que bajo las circunstancias que se dieron los hechos, los cuales fueron de público conocimiento en todo el proceso de investigación, se podrá corroborar que los policías acusados con la carátula «tortura seguida de muerte» no ejercieron tal imputación. Eso quedará demostrado en el juicio que en semanas más comenzará», señaló en letrado.
Como dato de mayor consistencia, Collado cuenta con los resultados del informe forense de la segunda autopsia, realizado por los peritos forenses de parte presentados por la defensa. En dichos informes «no se encontró nada extraño a lo que ya se dijo en la primera necropsia, ni se sumaron nuevos elementos que surjan sobre el deceso de Bravo».
Y que se trataría, al igual que se dijo en la primera autopsia, el deceso por ‘paro cardiorrespiratorio no traumático y muerte súbita‘, según confirmó Collado ante la consulta de este diario.
Y que el cuerpo presentaba ‘signos de desnutrición avanzado, deshidratado, y el corazón tenía dos infartos, todos fueron componentes para el deceso del joven, sin que nadie le haya ocasionado lesiones, como tampoco se observaron en el cuerpo hematomas por golpes‘, destacó el defensor.

Una mentira enorme
En cuanto a las declaraciones vertidas por Roberto Sotelo, apoderado del Comité de Prevención contra la Tortura, Collado aseguró que fueron «inexactas, antojadizas, parcializadas y caprichosas, entrando en el ámbito de la mentira y construyendo un relato que dista de la verdad en lo que se dio en la investigación, como así en las autopsias que se le realizaron al cuerpo de Bravo», refutó Collado.
Así mismo el letrado defensor de los uniformados recordó que «los resultados de la necropsia se confirma el deceso del mismo por una sumatoria de enfermedades, producto de la ingesta de sustancias prohibidas, problemas cardiacos, y desnutrición, corroborando esto en la autopsia», aseguró.
Entre otros cuestionamientos el abogado recordó al apoderado Sotelo, sobre un hecho que recuerda allá por el 2017, donde «el joven Bravo, supuestamente habría sido detenido en una persecución policial, que para nada fue así, indica Collado en la entrevista. Y agrega: «dicha causa no solamente quedó archivada por la fiscal de Derechos Humanos de Sáenz Peña, Silvia Slusar, sino que además se archivó el hecho que el joven había sido agredido en una reyerta callejera por otros civiles y en la cual los mismos policías le salvaron la vida a Bravo».
Además, les recordó que «desde ese año, el joven ya estaba en situación de calle, por denuncias hechas por la misma familia de Bravo. Incluso, al joven le pesaba una orden de restricción de acercamiento al domicilio familiar porque demostraba una conducta violenta», aclaró el abogado Cesar Collado, tras las afirmaciones del abogado Sotelo a días de comenzar el juicio a los cuatro policías imputados por la muerte de Leandro Bravo.