La inversión educativa nacional proyectada para 2025 cae entre 45 y 57 puntos respecto a 2023: un retroceso crítico con impacto en universidades y ciencia

Un informe del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) revela que la inversión educativa nacional en Argentina, que incluye la Función Educación, la Secretaría de Educación y las Universidades Nacionales, proyecta para 2025 una caída real de entre 45 y 57 puntos en comparación con 2023. Esta reducción, que se suma a un deterioro del 40,2% en 2024 según el Observatorio de Argentinos por la Educación, sitúa la inversión educativa en niveles críticos, con un impacto devastador en el sistema universitario, la ciencia y la calidad educativa. En respuesta, los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) han presentado un proyecto de ley para garantizar un financiamiento progresivo sin comprometer el equilibrio fiscal.

Una caída histórica en la inversión educativa

La inversión educativa nacional, medida como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), alcanzará en 2025 el 0,88%, según el proyecto de presupuesto analizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, frente al 1,48% en 2023 y el 0,91% en 2024. Esta contracción, que representa una baja real del 45,1% en la Función Educación desde 2023, es la más significativa desde 1992, superando incluso los ajustes durante la crisis de 2001.

El informe del EPC-CIICTI detalla que la Secretaría de Educación sufrió una caída del 59,5% real en dos años, mientras que el financiamiento universitario se redujo un 45,3% en el mismo período. Las transferencias a las universidades nacionales descendieron un 18,8% real en el acumulado a mayo de 2025 frente al mismo período de 2023, con caídas de hasta el 59,6% en algunos casos. Esta situación se agrava por la ausencia de un presupuesto nacional para 2025, lo que obliga a prorrogar el de 2024, ya insuficiente, y a depender de aportes discrecionales del Ejecutivo.

Comparación histórica: un retroceso al nivel de 2002

La inversión educativa en 2025 se encuentra entre 52 y 61 puntos reales por debajo de los niveles de 2015, año en que la Función Educación representaba el 1,8% del PBI. Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), la Función Educación perdió 36 puntos reales, con un deterioro de 20 puntos en las universidades. Entre 2019 y 2023, se recuperaron 34 puntos para la Función Educación, pero la gestión de Javier Milei ha revertido este avance, proyectando una caída acumulada de hasta 57 puntos en dos años.

El ajuste actual supera en magnitud los recortes del menemismo (1992-1999), cuando la inversión educativa cayó un 14% en 1992, pero luego se recuperó con la creación de nuevas universidades. En contraste, el proyecto de presupuesto 2025 no contempla medidas significativas para revertir el deterioro, perpetuando una inversión educativa que, en términos reales, es comparable a los niveles de la crisis de 2002.

Impacto en programas clave y calidad educativa

El desfinanciamiento ha afectado todas las dimensiones del sistema educativo. Según el Centro de Estudios de la Política Argentina (CEPA), en 2024 se registraron caídas drásticas en partidas sensibles:

• Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID): -98% en ejecución base caja.
• Programa Conectar Igualdad: -83%, eliminando la distribución de computadoras.
• Becas Estudiantiles: -65%, reduciendo el apoyo a estudiantes vulnerables.
• Infraestructura y Equipamiento: -91%, paralizando obras en escuelas.
• Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles: -88%, afectando la educación inicial.

En 2025, la situación no mejora. La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reportó en abril que programas clave de la Secretaría de Educación, como Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas (1,4% ejecutado), Fondo de Compensación Salarial Docente (0%) e Información y Evaluación de la Calidad Educativa (1,7%), presentan una ejecución presupuestaria prácticamente nula. Estas reducciones comprometen la infraestructura escolar, la inclusión educativa y la capacidad de evaluación del sistema, como las pruebas Aprender o la participación en PISA.

Universidades en crisis: éxodo y paros

Las universidades nacionales enfrentan una situación de colapso. La caída del 45,3% en el financiamiento universitario desde 2023 ha generado un éxodo de profesionales e investigadores, agravado por la pérdida del 24% del poder adquisitivo de los docentes universitarios y un 17% para los científicos del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) desde diciembre de 2023. En mayo de 2025, las universidades registraron un nuevo paro de 48 horas por reclamos salariales, reflejando el deterioro de las condiciones laborales.

El programa Desarrollo de la Educación Superior, que concentra el 66,5% del presupuesto de la Secretaría de Educación, perdió un 30% en 2024 y solo recuperará un 2% en 2025, insuficiente para compensar el ajuste. Esta situación motivó dos marchas federales en 2024 (abril y octubre) y la toma de universidades públicas, evidenciando el conflicto entre la comunidad universitaria y el gobierno.

Ciencia y tecnología: un “cientificidio” en marcha

El informe del EPC-CIICTI también alerta sobre el colapso del sistema científico, con una caída del 42,9% en el presupuesto de la Función Ciencia y Técnica (FCyT) entre 2023 y 2025. En 2025, la inversión en ciencia y tecnología representará solo el 0,157% del PBI, el nivel más bajo desde 2002, frente al 0,302% en 2023 y el 0,45% que estipulaba la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (27.614) para este año.

Los principales organismos científicos, como el CONICET (-18,7%), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (-19%) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) (-26,5%), acumulan caídas presupuestarias superiores al 33% desde diciembre de 2023. Las provincias más afectadas, como Neuquén (-54,1%), Tierra del Fuego (-51,9%), Formosa (-51,1%) y La Rioja (-50,9%), han visto desaparecer programas de infraestructura y equipamiento.

El ajuste ha paralizado proyectos estratégicos, reducido el 70% de los fondos operativos y demorado pagos internacionales, dificultando la adquisición de insumos esenciales. Además, un documento de la Fundación Libertad y Progreso, cercana al gobierno, propone eliminar la Carrera del Investigador Científico del CONICET y reemplazarla por contratos temporales evaluados por criterios de mercado, lo que comprometería la estabilidad y autonomía de los investigadores.

Respuesta del CIN: un proyecto de ley para salvar el sistema universitario

Frente a esta crisis, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó en mayo de 2025 un proyecto de ley ante la Comisión de Educación de Diputados, elaborado junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La propuesta busca:

• Aumentar progresivamente el financiamiento universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031, frente al 0,45% actual.
• Recomponer los salarios docentes y no docentes, tomando como base la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
• Crear un fondo específico para desarrollar carreras estratégicas en áreas como inteligencia artificial y otras disciplinas clave para el desarrollo nacional.
• Ampliar las becas universitarias con incrementos anuales progresivos.
• Garantizar el equilibrio fiscal, reorientando prioridades del gasto público sin crear nuevos impuestos.

El presidente del CIN, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, destacó que “la inversión en educación universitaria no solo es una obligación legal y ética del Estado, sino una estrategia clave para el desarrollo económico y social del país”. El proyecto subraya que la educación superior, históricamente financiada en un 0,8% del PBI, es esencial para revertir la fuga de talentos y fortalecer la matriz productiva.

Un retroceso con consecuencias sociales y económicas

El desfinanciamiento educativo y científico en Argentina no solo compromete la calidad de la educación y la investigación, sino que amenaza el desarrollo a largo plazo del país. La bioquímica Daniela Hozbor, investigadora del CONICET, subrayó que “la ciencia es un derecho humano” y una obligación del Estado, según la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, el recorte del 70% en fondos operativos y la paralización de proyectos estratégicos han llevado al sistema científico a “resistir” en lugar de crecer.

La contradicción entre el discurso oficial, que celebra el “ahorro fiscal”, y la realidad de un sistema educativo y científico al borde del colapso, plantea preguntas urgentes. ¿Cómo puede Argentina recuperar su competitividad global sin invertir en educación y ciencia? ¿Qué impacto tendrá este ajuste en la desigualdad social y la movilidad ascendente? Invitamos a los lectores a compartir sus perspectivas en los comentarios, para enriquecer el debate sobre un tema crucial para el futuro del país.

Fuentes:

• Informe del Grupo EPC-CIICTI, Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.
• Observatorio de Argentinos por la Educación, “Presupuesto educativo nacional 2025”.
• Centro de Estudios de la Política Argentina (CEPA), enero de 2025.
• Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, abril de 2025.
• Tiempo Argentino, 13 de junio de 2025.
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