La Junta Federal de Cortes provinciales cuestionó el decreto de Milei sobre la selección de jueces de la Corte Suprema
La JUFEJUS advirtió que la modificación de los mecanismos de designación de magistrados implica un «grave retroceso institucional» y debilita la transparencia y la participación ciudadana.
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) emitió un duro pronunciamiento en contra del Decreto Nacional 467/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó los mecanismos de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores .
A través de una declaración fechada el 19 de junio de 2026 y firmada por su presidenta, la jueza chaqueña Emilia María Valle; el vicepresidente Sergio Fabián Vittar; y la secretaria Adriana Verónica García Nieto, la entidad ratificó su postura ya expresada en marzo de 2024 .
En el documento, la JUFEJUS sostuvo que la integración de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores «debe respetar, de manera armónica e indivisible, los principios de idoneidad, paridad de género, representación federal y especialidad jurídica» . El organismo remarcó que estos criterios «no constituyen meras pautas de oportunidad política, sino exigencias derivadas de la Constitución Nacional, de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina y de la propia naturaleza federal del Estado» .
Cuestionamientos al contenido del decreto
La Junta Federal cuestionó especialmente la derogación de los artículos 3° y 6° del Decreto 222/2003, una norma impulsada durante la presidencia de Néstor Kirchner para dotar de mayor transparencia al proceso de selección judicial . Según la JUFEJUS, esa decisión «constituye un grave retroceso institucional» porque elimina instancias de participación ciudadana y debilita mecanismos de transparencia, publicidad y control democrático .
La entidad advirtió que «cualquier modificación de los mecanismos de selección que prescinda o debilite estos principios implica un retroceso institucional incompatible con una Justicia plural, inclusiva y representativa de la diversidad territorial y social del país» .
Asimismo, señaló que la norma resulta incompatible con el principio constitucional de progresividad de los derechos, al vulnerar garantías democráticas esenciales vinculadas a la transparencia en la selección de magistrados y magistradas .
El Gobierno nacional justificó las reformas argumentando que las instancias eliminadas resultaban redundantes frente al procedimiento que se desarrolla en el Senado y que la reforma busca agilizar la cobertura de vacantes en el Poder Judicial . Sin embargo, el pronunciamiento de la JUFEJUS se suma a las críticas de distintas organizaciones jurídicas y especialistas que consideran que el decreto elimina espacios de control ciudadano y deja de lado criterios de diversidad y representación federal en la conformación de la Corte Suprema .
