La Justicia Federal procesó a Jorge Capitanich por la adjudicación de más de 3 mil hectáreas de tierras fiscales

Se lo acusa de los delitos de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles. El exjefe de Gabinete anunció que apelará la medida. «Aborrezco la judicialización de la política», sentenció. La causa se originó en mayo de 2024. Gira en torno a la adjudicación presuntamente irregular de más de 3.600 hectáreas de tierras fiscales a empresarios vinculados con la pareja de la exfuncionaria Marta Soneira, exministra de Desarrollo Territorial y ex titular del Instituto de Colonización de Chaco, quien también fue procesada.

La decisión del juez federal subrogante de Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, alcanzó también a Mauricio Ariel Cian, pareja de Soneira señalado como beneficiario indirecto de la operación, y a los empresarios Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón. El magistrado rechazó las acusaciones por lavado, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.

Lo que está bajo la lupa de la Justicia es la adjudicación supuestamente irregular de cuatro campos rurales en el Departamento Almirante Brown, con una superficie total de 3.635 hectáreas. Dos parcelas de 1.250 hectáreas cada una fueron adjudicadas en 2023 a Storti y Bessone, y otras dos, de 623 y 512 hectáreas, fueron entregadas a Pochón. Los tres empresarios mantendrían relaciones comerciales con Cian a través de empresas dedicadas a la producción agropecuaria.

El juez consideró que Soneira debería haberse apartado del proceso debido al nexo de su pareja con los implicados. Las sospechas de la investigación se centran en la posible existencia de informes de inspección idénticos elaborados el mismo día, traslados y extravíos de documentación institucional clave, y presuntos beneficios otorgados a empresas vinculadas con Cian, incluyendo subsidios y exenciones impositivas.

Capitanich está en el centro de la causa porque, como gobernador, firmó los decretos que avalaron las adjudicaciones. El fiscal Carlos Amad lo acusó de haber tenido «un rol fundamental» al ratificar formalmente las ventas a precios muy por debajo del valor de mercado. Tras la decisión de la Justicia Federal, el exmandatario chaqueño salió al cruce. «Hoy se conoció el procesamiento en la denominada causa de tierras. Como corresponde, será apelado», anticipó.

Capitanich calificó la acusación de improcedente y argumentó que la adjudicación en venta de inmuebles rurales no implica transferencia de titularidad. También cuestionó que funcionarios de rango inferior, con responsabilidad en el control, fueran sobreseídos. «Cada decreto que firma un gobernador atraviesa un procedimiento administrativo en el que intervienen organismos de control con jerarquía constitucional», mencionó. «Pretender atribuir responsabilidad penal desconociendo ese sistema institucional resulta jurídicamente improcedente», consignó.

El exgobernador reivindicó la política de acceso a la tierra impulsada durante su gestión, que permitió avanzar en el desarrollo de más de 8.000 productores chaqueños. «Resulta incongruente, inconsistente y temerario – razonó – pretender juzgar a un gobernador, en el ámbito de la Justicia Federal, por actos administrativos dictados en el ejercicio de sus competencias. Ello no solo plantea un serio cuestionamiento en materia de competencia, sino que además afecta principios esenciales del sistema federal consagrado por nuestra Constitución». Por último, expresó: «Aborrezco la judicialización de la política y la utilización de la Justicia como herramienta de persecución. Voy a defender mi actuación en cada instancia judicial con la misma convicción con la que siempre defendí los intereses del Chaco».