Liberan a la argentina acusada de racismo en Brasil, pero su situación legal sigue en suspenso

La Justicia brasileña ordenó este viernes la liberación de Agostina Páez, la turista argentina de 29 años que había sido detenida horas antes en Río de Janeiro, acusada del delito de injuria racial. Sin embargo, su futuro inmediato y las condiciones de su proceso siguen sin definirse.

Un día de tensión y revocación
La detención se concretó este viernes, a pesar de que Páez ya cumplía con medidas cautelares: instalación en un departamento y uso de tobillera electrónica. El arresto respondió a un pedido de prisión preventiva del Ministerio Público Fiscal, que argumentó que las medidas vigentes no eran suficientes para «neutralizar el peligro procesal».

Tras una presentación de su equipo de defensa, la orden fue revocada cerca de las 16:30 (hora argentina). Para las 17 horas, solo restaban trámites administrativos para su liberación. No obstante, se desconoce si mantendrá las restricciones previas: prohibición de salir de Brasil y la tobillera electrónica. Esta decisión se conocerá en las próximas horas.

Un caso con alto impacto social y personal
El delito por el que se la acusa –injurias raciales a empleados de un restaurante– prevé penas de 2 a 5 años de prisión en Brasil y no admite excarcelación bajo fianza. Su defensa sostiene que el caso está siendo tomado como «ejemplificador» por el peso cultural que tiene el racismo en la sociedad brasileña.

La situación personal de Páez se ha agravado. Tras un allanamiento en el departamento donde se alojaba, debió mudarse por razones de seguridad. Su padre, Mariano Páez, relató que su hija está «aterrada» y que le dijo: «Papi, me quieren matar aquí». La familia evalúa viajar a Brasil para acompañarla.

El rechazo a volver a Argentina y el rol de la diplomacia
Previamente, la Justicia brasileña había rechazado un pedido de la defensa para que Páez pueda continuar el proceso desde Argentina. La Embajada argentina en Brasil le ha ofrecido asistencia legal, aunque aclaró que no intervendrá en el procedimiento judicial local.

Su abogado, Sebastián Robles, argumentó que al cumplir con todas las medidas impuestas –sin riesgo de fuga–, un arresto en esta instancia equivaldría a una «pena anticipada», al borde de violar derechos internacionales.

Para el debate y la reflexión:
¿Hasta qué punto un proceso judicial puede (o debe) ser «ejemplificador» para la sociedad, incluso modificando las medidas cautelares sobre un imputado? Dada la gravedad de las acusaciones y el impacto mediático, ¿la Justicia brasileña está actuando con proporcionalidad o cediendo a una presión social? ¿Cuál es el límite de la asistencia consular cuando un ciudadano es acusado de un delito grave en el extranjero?