Pensiones por discapacidad: el Gobierno resolvió apenas 10.374 solicitudes y acumula 227.354 pendientes
Desde que asumió Javier Milei, el Gobierno otorgó 8.633 pensiones no contributivas por discapacidad y rechazó 1.741. En total, apenas 10.374 resueltas. Mientras tanto, la cantidad de expedientes que esperan una respuesta ya supera los 227.000. Más de 90.000 de ellos fueron iniciados durante la actual gestión. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo define sin vueltas: «La proporción entre lo resuelto y lo pendiente expone una parálisis».
Los datos surgen de un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Salud, presentado en marzo y respondido en junio. La Secretaría Nacional de Discapacidad reportó 324.303 solicitudes pendientes de resolución. De esas, 96.949 no pudieron completar la documentación. Los expedientes en curso que están a la espera de una resolución son 227.354. El 72% de las personas con discapacidad o sus familiares iniciaron el trámite antes del 31 de diciembre de 2023. El 86% de ese grupo corresponde a solicitudes iniciadas entre 2020 y 2023, un total de 200.011 expedientes.
El CELS aclaró que una solicitud solo está en condiciones de ser resuelta cuando reúne toda la documentación y pasó los cruces con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y la Dirección Nacional de Migraciones. Por eso, pidieron información aclaratoria para conocer cuántas solicitudes completas están en condiciones de ser resueltas, discriminando por año de inicio del trámite.
La demora en la resolución de nuevos expedientes se suma a una reducción en el universo de pensiones abonadas. Según un informe de Jefatura de Gabinete ante el Congreso, en diciembre de 2023 se abonaban 1.222.554 Pensiones No Contributivas por Invalidez. En marzo de 2025, ese número bajó a 1.187.136. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señaló que «desde el inicio de la gestión de Javier Milei el número total de pensiones por invalidez disminuyó un 2,8%».
En agosto de 2024, la ANDIS inició un proceso de auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral para corroborar si los beneficiarios cumplían con los requisitos. El control empezó en la Ciudad de Buenos Aires y luego se extendió al resto de las provincias, con denuncias de irregularidades y maltratos. Luego se conoció un entramado de corrupción en torno a la ANDIS que condujo a su disolución y reemplazo por la actual Secretaría.
Organizaciones de la sociedad civil hicieron una presentación ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU para denunciar «retrocesos en las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas» y «falencias en los procesos de auditoría». Tras una intensa lucha, se sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero las vulneraciones continuaron. El nuevo dato del CELS confirma que el sector sigue en jaque.
