Pensiones por discapacidad: entre el ajuste y el escándalo político
Mientras los audios de Diego Spagnuolo revelan supuestas coimas en la ANDIS y salpican a Karina Milei y a los Menem, el Gobierno justifica el recorte de pensiones con un argumento: “pasamos de 80.000 a 1,2 millones de beneficiarios sin una guerra de por medio”.
Detrás del relato, las cifras oficiales muestran otra cosa. La auditoría sobre un millón de pensiones derivó en más de 111.000 bajas, en medio de versiones sobre “premios” internos por cada suspensión. Organizaciones denuncian una maniobra de ajuste que vulnera compromisos constitucionales e internacionales.
La realidad: en Argentina hay casi 6 millones de personas con discapacidad, pero solo 1,2 millones reciben una pensión no contributiva. El monto actualizado es de $294.000, muy por debajo de la canasta básica de $506.000.
Lo que el Gobierno presenta como “curro”, especialistas lo leen como un recorte que deja a cientos de miles sin ingresos mínimos y pone a la Argentina en tensión con la Convención de la ONU sobre Discapacidad, de jerarquía constitucional.
