Presupuesto 2027: el Gobierno cede ante los aliados y acepta cambios en el ajuste a Discapacidad

Marcha atrás en el ajuste: ¿concesión estratégica o reconocimiento de un error?

¿Qué llevó a Javier Milei a retroceder en uno de los capítulos más cuestionados del Presupuesto 2027? ¿Fue una decisión política o una necesidad ante la falta de apoyo legislativo?

Javier Milei dará marcha atrás en parte del ajuste en Discapacidad que había incluido en el Presupuesto 2027. Tras los cuestionamientos de propios y ajenos, la Casa Rosada reemplazará el capítulo original por una propuesta negociada con el PRO, la UCR y fuerzas provinciales.

Después de recibir fuertes cuestionamientos internos y de la oposición, la Casa Rosada aceptó reemplazar ese capítulo por una propuesta que se está negociando con el PRO, la UCR y representantes de fuerzas provinciales. El giro supone una concesión del oficialismo y busca evitar que la discusión vuelva a complicar el apoyo legislativo.

Un cortocircuito que sorprendió a propios y ajenos

¿Cómo se gestó el malestar interno? ¿Por qué no fueron informados los referentes oficialistas?

El cortocircuito apareció apenas se conoció el Presupuesto. El capítulo de Discapacidad tomó por sorpresa incluso a dirigentes de La Libertad Avanza que estaban participando de las conversaciones con los bloques aliados. Martín Menem y Patricia Bullrich quedaron entre los referentes oficialistas que no habían sido informados previamente de los cambios.

El malestar creció porque el Gobierno venía trabajando con sus socios parlamentarios en una alternativa a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año. ¿Cómo se negocia con aliados cuando ni siquiera los propios están al tanto de los cambios? ¿Qué dice esto sobre la coordinación interna del oficialismo?

Pensiones no contributivas: el corazón del conflicto

¿Qué cambiaba el proyecto original? ¿Por qué generó tanto rechazo?

Uno de los puntos que el Gobierno deberá revisar es el régimen de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. El proyecto original recuperaba un criterio basado en la incapacidad para trabajar y fijaba el beneficio en el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

Además, dejaba de considerar al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como una vía directa para acceder a la pensión y otorgaba al Poder Ejecutivo un margen amplio para definir los requisitos mediante la reglamentación.

¿Qué significa que el CUD deje de ser una vía directa? ¿Cuántas personas con discapacidad quedarían desprotegidas si se aprobara el texto original?

Ese esquema será reemplazado por otro que mantendrá mayores controles para acceder a una pensión, pero conservará al CUD dentro del sistema. El Gobierno busca que el beneficio quede ligado a la situación concreta de cada persona y evitar que el certificado sea, por sí solo, suficiente para obtenerlo. La discusión ahora pasa por definir cuáles serán esos requisitos y cómo quedarán incluidos en el proyecto.

¿Es razonable que el CUD no baste por sí solo? ¿O se trata de una forma de limitar el acceso a un derecho adquirido?

Trabajar y cobrar pensión: ¿era incompatible?

¿Una persona con discapacidad no puede trabajar y recibir pensión al mismo tiempo? ¿Qué dice el régimen vigente?

Otro de los cambios estará relacionado con la posibilidad de trabajar y, al mismo tiempo, conservar una pensión. El texto original establecía que una persona podía perder el beneficio si comenzaba un trabajo registrado o se inscribía en una actividad tributaria, incluso cuando se tratara de una ocupación de pocas horas. El régimen vigente, en cambio, permite compatibilizar la pensión con empleo o monotributo hasta determinados límites de ingresos.

A pedido de los aliados, la nueva propuesta permitirá mantener la pensión aun cuando exista un empleo registrado, aunque bajo las condiciones que todavía se están discutiendo. Es uno de los puntos en los que el Gobierno tuvo que ceder para acercar posiciones con los bloques que serán necesarios para aprobar el Presupuesto.

¿Por qué se castigaba el trabajo? ¿No debería el Estado incentivar la inserción laboral de las personas con discapacidad en lugar de quitarles el beneficio?

Aranceles y prestadores: otro frente de negociación

¿Qué pasaba con los valores que reciben los prestadores de servicios? ¿Por qué el sector estaba en alerta?

También cambiará el planteo sobre los aranceles que reciben los prestadores de servicios para personas con discapacidad. El proyecto original eliminaba el esquema de valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas y dejaba mayor margen para que obras sociales, prepagas y provincias fijaran sus propios valores. También quitaba la actualización automática vinculada al índice de precios.

La alternativa que ahora se negocia conservará un nomenclador universal y establecerá una actualización por inflación cada dos meses. No será la actualización mensual prevista por la Ley de Emergencia, pero representa otra modificación respecto del texto que llegó al Congreso.

¿Alcanza con una actualización cada dos meses en un contexto inflacionario? ¿No seguirán perdiendo los prestadores y, en consecuencia, las personas con discapacidad?

La deuda con los prestadores: un reclamo que no cesa

¿Cuánto se adeuda? ¿Por qué el Gobierno no pagó en tiempo y forma?

A esto se suma uno de los reclamos centrales de PRO y UCR: las compensaciones que se les adeudan a los prestadores. Los bloques aliados piden precisiones sobre los pagos previstos por la Ley de Emergencia para compensar el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, además de un cronograma para cancelar esa deuda.

¿Se puede exigir a los prestadores que sigan trabajando cuando el Estado les debe meses de pagos? ¿Qué pasa con la calidad del servicio en esas condiciones?

Conclusión: una concesión que deja preguntas abiertas

El Gobierno dio marcha atrás en parte del ajuste, pero la discusión no está cerrada. Los requisitos para acceder a la pensión, las condiciones para compatibilizar trabajo y beneficio, la actualización de aranceles y el pago de la deuda a los prestadores siguen siendo puntos de negociación.

La pregunta de fondo es: ¿se trata de una verdadera corrección o de un maquillaje para conseguir los votos que permitan aprobar el Presupuesto? ¿Qué pasará con las personas con discapacidad cuando la urgencia política pase y las promesas queden en el olvido?