Procesan a 14 exfuncionarios por crímenes de lesa humanidad en el Chaco
La jueza Federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, dictó el procesamiento de 14 exfuncionarios públicos por el delito de asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad, perpetrados bajo la estructura de la última Dictadura Cívico-Militar en el ámbito del Área Militar 233.
La resolución, firmada el pasado 12 de junio, desentraña la existencia de una organización criminal estatal y jerarquizada que operó con permanencia en el tiempo y división funcional de tareas.
Los imputados
El procesamiento alcanza a civiles, penitenciarios, altos mandos del Ejército y miembros de la policía provincial:
- Del ámbito judicial: Roberto Mazzoni, exfiscal federal de Resistencia.
- Del ámbito penitenciario: Pablo Casco, exjefe de Guardia de la cárcel federal U7.
- Del Ejército Argentino: los oficiales Luis Alberto Patetta (teniente primero), Ernesto Jorge Simoni (mayor), Aldo Martínez Segón, Germán Emilio Riquelme y Tadeo Bettolli (tenientes coroneles), y Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes y Jorge Carnero Sabol (coroneles).
- De la Policía del Chaco: el excomisario general José Francisco Rodríguez Valiente, el exsuboficial mayor Gabino Manader, el exsuboficial principal Jorge Ángel Ibarra y el exsargento José Marín.
Los fundamentos del fallo
En un extenso documento de 166 páginas, la jueza Niremperger analizó el contexto histórico de progresiva militarización iniciado en 1975 y consolidado a partir del 24 de marzo de 1976.
La magistrada sostiene que el dispositivo represivo en la provincia del Chaco «se desarrolló bajo conducción militar y con intervención de diversas agencias estatales, entre ellas fuerzas policiales, organismos penitenciarios y estructuras de inteligencia en una dinámica que excedió la actuación aislada de agentes individuales y se insertó en un esquema de represión ilegal de alcance más amplio».
Sobre la responsabilidad individual de los procesados, la jueza remarcó que su intervención debe ser valorada por su integración a un «aparato organizado de poder». La resolución concluye que los elementos probatorios permiten sostener que cada uno de los implicados efectuó un aporte funcional al desarrollo de esta estructura estable y orientada a la comisión de delitos, bajo una clara distribución de roles.
El camino judicial
La causa había transitado previamente por diversas resoluciones de «falta de mérito», lo que desencadenó numerosas apelaciones ante la Cámara Federal de Resistencia y la Cámara de Casación Penal. El impulso definitivo se dio entre 2024 y 2025, cuando la Fiscalía presentó ampliaciones del requerimiento fiscal que extendieron las imputaciones y robustecieron la hipótesis acusatoria sobre el funcionamiento de una red criminal coordinada desde el propio Estado.
