“Promesas en Construcción: La Realidad de la Obra Pública que Nunca Llegó”

Se vieron obligadas a revisar los proyectos y decidir qué hacer. Varias seleccionaron algunas y pararon el resto.

¿Puede un país vivir, crecer y mantenerse sin obra pública? La respuesta es tan variada como personas contesten. Ese parece ser el meollo del asunto, un debate que el presidente Javier Milei ha puesto sobre la mesa, desde que empezó a trazar los primeros palotes en la política.

«La obra pública se termina. Es decir, no tenemos plata. Hay que recortar porque el déficit fiscal es muy alto. ¿Y cómo se recorta? En las partidas donde la política roba, por ejemplo, en la obra pública. Las obras van a tener que ser hechas por la iniciativa privada. Y si no hay nadie en el sector privado que la quiera hacer, significa que no tenía sentido desde el punto de vista económico. Y entonces alguien va a tener que explicar por qué quería hacer una obra que nadie quiere hacer», dijo Milei en una entrevista de fines de noviembre pasado. Ya era presidente electo y, en ese momento, resumió su credo con respecto al asunto.

NO HAY PLATA

Pasaron diez meses y el mandatario hizo lo que dijo: cortó prácticamente la gran mayoría de los proyectos de obra pública.

Por caso, como para tener idea de qué se habla, los datos oficiales que publica la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía, hasta agosto, muestran que el gobierno devengo (es decir, asentó el gasto, aunque todavía no lo haya pagado) en el rubro «Inversión real directa» por $297.441 millones frente a $388.138 millones del mismo período de 2023. Ahora bien, ¿qué significan esos números? Para ser concreto, que en un año de enorme inflación, en términos nominales bajó 23,4%. Aquí se ilustra aquella sentencia de Milei: «No habrá más obra pública». Lo dijo, lo hizo.

Dentro de la Inversión real directa, se desplomó el rubro «Transferencias de capital a las provincias y municipios», entre agosto de 2023 y el mes pasado anotó una caída nominal de 84,3%, un número que habla por sí mismo y mientras el año pasado el cheque para los gobernadores e intendentes fue de $266.299,6 millones, en lo que va de 2024 se dispusieron de $41.905,3.