Proyecto de tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande, el Litoral y sectores de Córdoba y Santa Fe

Una iniciativa para aliviar los costos energéticos en zonas cálidas
El 30 de junio de 2025, el Gobierno del Chaco, liderado por el diputado provincial electo Julio Ferro, subsecretario de Legal y Técnica, avanza en la elaboración de un proyecto de ley que busca establecer una tarifa eléctrica diferencial para las provincias del Norte Grande, la Región Litoral y algunos departamentos de Córdoba y Santa Fe. Esta propuesta, presentada en la reciente reunión de gobernadores en Santiago del Estero, pretende redistribuir un porcentaje de los impuestos a los combustibles para crear un fondo que reduzca los costos de la energía eléctrica durante los meses de verano (diciembre a marzo), cuando las temperaturas extremas en estas regiones disparan el consumo energético.
Detalles del proyecto
El proyecto, liderado por Ferro, se basa en la clasificación técnica de la norma IRAM 11603/12, que identifica zonas cálidas y muy cálidas en provincias como Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, y algunos departamentos de Córdoba y Santa Fe. La iniciativa propone que una porción de los ingresos recaudados por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL), recientemente ajustado por el Decreto 441/2025, se destine a un fondo específico. Este fondo financiaría descuentos en la energía comprada a la mayorista Cammesa, lo que se traduciría en facturas más accesibles para usuarios residenciales, comerciantes e industriales durante el cuatrimestre estival.
Ferro destacó que el programa Descuento Verano en el Chaco ya destinó $15.000 millones a la empresa provincial Secheep para aliviar los costos energéticos, demostrando el impacto significativo de estas medidas en un contexto de recursos escasos. “No buscamos subsidios, buscamos equidad”, afirmó Ferro, subrayando que el proyecto no altera los fondos destinados a la seguridad social o al Fondo Nacional de la Vivienda, sino que utiliza recursos que actualmente engrosan fideicomisos.
La propuesta también busca garantizar una distribución equitativa, priorizando las zonas con temperaturas más extremas, según la clasificación de la norma IRAM. Esto responde a la necesidad de compensar las asimetrías económicas y climáticas que enfrentan estas regiones, donde los indicadores de pobreza e indigencia, especialmente en el Chaco, agravan el impacto de las altas tarifas eléctricas.
Contexto económico y social
La iniciativa surge en un momento crítico para la economía argentina, marcada por una inflación anual superior al 250%, una recesión que afecta el consumo (según la CAME) y medidas de ajuste fiscal como el cierre de sucursales del Banco Nación en el Chaco. En este contexto, los costos energéticos representan una carga significativa para los hogares, especialmente en regiones cálidas donde el uso de aire acondicionado es esencial durante el verano. Ferro destacó que el proyecto no implica nuevos impuestos ni afecta el equilibrio fiscal, sino que redistribuye recursos existentes para promover la justicia distributiva.
La propuesta también se alinea con los objetivos de integración regional de la Región Litoral (Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Formosa) y el Norte Grande, que buscan defender intereses comunes frente a un modelo económico históricamente centralista. La reunión de gobernadores en Santiago del Estero, con la participación de figuras como Gerardo Zamora, Leandro Zdero, Raúl Jalil, Hugo Passalacqua y Ricardo Quintela, consolidó el apoyo de 13 provincias, lo que otorga al proyecto un potencial “poder de fuego parlamentario” significativo.
Desafíos políticos y perspectivas
A pesar del respaldo regional, el proyecto enfrenta obstáculos debido a la postura del Gobierno nacional de Javier Milei, más inclinado a recortar subsidios que a implementar nuevos beneficios, como se evidencia en el aumento de impuestos a los combustibles y la no renovación de la moratoria previsional. La Asociación Bancaria y otros sectores han advertido sobre el impacto de las políticas de ajuste en el interior, como el cierre de sucursales del Banco Nación en localidades chaqueñas, lo que agrava la exclusión financiera y económica.
La “rosca parlamentaria” será clave para el éxito del proyecto, que requiere un esfuerzo conjunto de las 13 provincias para superar las resistencias en el Congreso. Ferro propone que la ley tenga una vigencia de 10 años y opere sin discrecionalidad política, garantizando estabilidad y previsibilidad para los beneficiarios. La inclusión de departamentos de Córdoba y Santa Fe, regiones con mayor peso político, podría fortalecer la viabilidad de la iniciativa, aunque la negociación con el Gobierno central será un desafío.
Un precedente para la equidad energética
El proyecto se inspira en esquemas existentes, como las tarifas diferenciales aplicadas en la Patagonia durante el invierno para mitigar los costos de calefacción. En el caso del Norte Grande y el Litoral, la tarifa diferencial busca replicar este modelo para las zonas cálidas, donde el consumo eléctrico se dispara en verano. La redistribución de los impuestos a los combustibles, que generan ingresos significativos (como los recientemente ajustados por el Decreto 441/2025), podría financiar el fondo sin requerir nuevos gravámenes, promoviendo una solución equitativa y sostenible.
En el Chaco, donde la pobreza afecta a más del 40% de la población, esta medida podría aliviar la presión económica sobre los hogares, comercios e industrias, en un contexto donde el consumo está “muy amesetado y complicado” (según la CAME) y los jubilados luchan por cubrir la canasta básica ($400.000 según INDEC). La iniciativa también complementa esfuerzos regionales, como los proyectos de integración energética en el Paraguayan Chaco financiados por FONPLATA, que buscan mejorar la infraestructura eléctrica para el desarrollo socioeconómico.
Participa en el debate
¿Qué opinas del proyecto de tarifa eléctrica diferencial para las zonas cálidas? ¿Crees que la redistribución de los impuestos a los combustibles es una solución viable para aliviar los costos energéticos? ¿Qué otros mecanismos podrían implementarse para garantizar equidad en el acceso a la energía? Compartí tus reflexiones en los comentarios y discutamos cómo avanzar hacia un sistema energético más justo en Argentina.