Rechazan la detención inmediata de Cristina Fernández de Kirchner: cinco días para presentarse en tribunales
En un nuevo capítulo de la causa Vialidad, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido por el juez Jorge Gorini, desestimó por segunda vez el pedido de detención inmediata de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner formulado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. La resolución, emitida el 12 de junio de 2025, ratifica que la ex mandataria y los demás condenados en el caso deberán presentarse en los tribunales de Comodoro Py dentro de un plazo de cinco días hábiles, que vence el próximo jueves 19 de junio a las 9:30 horas, para hacer efectiva su detención.
Una decisión que reafirma el plazo establecido
El fallo responde a la insistencia de los fiscales, quienes, tras la confirmación de la condena a seis años de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia el 10 de junio de 2025, argumentaron que correspondía la detención inmediata de Fernández de Kirchner y los otros ocho condenados por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. Sin embargo, el tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, mantuvo su postura inicial, enfatizando que “sin excepción, deberán presentarse en la sede de este Tribunal Oral” para formalizar las detenciones.
La resolución de Gorini fue clara: “Estése a lo dispuesto en el día de ayer”, en referencia a la orden emitida el 11 de junio, que establece el plazo de cinco días para todos los condenados, incluyendo a Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibañez y Raúl Daruich. Esta decisión también desestimó los pedidos de otros condenados, como López, Collareda y Villafañe, quienes solicitaron notificaciones alternativas para evitar viajar desde Santa Cruz a Buenos Aires.
Evaluación del domicilio para una posible prisión domiciliaria
Paralelamente, el tribunal avanza en la evaluación del pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Fernández de Kirchner, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. La expresidenta solicitó cumplir la condena en su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, argumentando su edad (72 años), su condición de exmandataria y el intento de homicidio sufrido en septiembre de 2022, que requiere medidas de seguridad excepcionales.
El juez Gorini dispuso ampliar el informe socioambiental encomendado a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal para analizar las condiciones del domicilio propuesto. Este informe incluirá una descripción detallada de las inmediaciones del edificio, el nivel de actividad vehicular y peatonal, las características de las viviendas lindantes y otros factores relevantes para determinar si el lugar es apto para el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La defensa de Fernández de Kirchner sostiene que una cárcel común “no es compatible con los recaudos de seguridad” necesarios, y ha solicitado que se prescinda del uso de una tobillera electrónica, argumentando que la expresidenta ya cuenta con custodia permanente. En palabras de Beraldi: “Es Cristina, no podría salir a la puerta porque todo el mundo la reconocería”.
Contexto político y reacciones
La decisión del tribunal se produce en un contexto de alta tensión política. Tras el fallo de la Corte Suprema, que ratificó la condena y la inhabilitación perpetua para cargos públicos, Fernández de Kirchner anunció que se presentará en Comodoro Py el próximo miércoles 18 de junio, cumpliendo con el plazo establecido. En un mensaje publicado en la red social X, la expresidenta calificó a los jueces del máximo tribunal como un “Triunvirato títere” y denunció una “proscripción” orquestada por el poder económico.
El fallo ha generado reacciones polarizadas. Militantes peronistas han convocado a una movilización hacia los tribunales el día que Fernández de Kirchner se presente, bajo el lema “Toda la militancia a la calle”. El Consejo Nacional del Partido Justicialista, con la presencia de figuras como Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, se reunió para delinear un plan de acción en apoyo a la expresidenta, incluyendo una marcha desde su domicilio hasta Comodoro Py. Por otro lado, sectores opositores celebran la condena como un avance contra la corrupción, aunque algunos cuestionan la celeridad del proceso judicial.
Un caso que sacude al sistema político
La condena de Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, que la encontró culpable de defraudar al Estado por más de 1.000 millones de dólares al favorecer al empresario Lázaro Báez con obras públicas, marca un hito histórico: es la primera expresidenta argentina con una condena firme por corrupción. La sentencia, que incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, frustra sus planes de competir como candidata a legisladora bonaerense en las elecciones de septiembre de 2025.
Mientras el tribunal evalúa la modalidad de cumplimiento de la pena, la expresidenta mantiene su narrativa de ser víctima de lawfare, una persecución política y judicial. Su abogado, Gregorio Dalbón, anunció que presentará denuncias ante la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando violaciones al debido proceso y una criminalización selectiva.
Reflexión para la sociedad
El caso de Cristina Fernández de Kirchner no solo es un asunto judicial, sino un fenómeno que interpela a la sociedad argentina sobre la justicia, la corrupción y el rol del poder político. ¿Es este fallo un paso hacia la rendición de cuentas o una maniobra para neutralizar a una figura opositora? ¿Qué impacto tendrá en la polarización del país? Invitamos a los lectores a compartir sus perspectivas en los comentarios, para enriquecer el debate sobre un tema que define el presente y el futuro de Argentina.
