Revés Judicial al Gobierno: Suspensión del Decreto que Desregula la Marina Mercante y Limita el Derecho a Huelga
La Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha suspendido la aplicación del Decreto 340/25, que modificaba las condiciones de operación de la marina mercante argentina y limitaba el derecho a huelga. Esta decisión representa un revés significativo para el gobierno y ha sido celebrada por actores clave del sector marítimo y laboral.
Suspensión del Decreto 340/25
El juez Enrique Alonso Regueira tomó la decisión de suspender el decreto en respuesta a los cuestionamientos planteados por empresas navieras argentinas. Estas empresas argumentaron que el decreto atentaba contra la estabilidad jurídica, económica y operativa del sector, poniendo en desventaja a las compañías nacionales frente a las extranjeras. El decreto introducía cambios en los esquemas tarifarios, permisos de navegación y condiciones laborales de las tripulaciones argentinas, lo que afectaba directamente a miles de trabajadores y a la economía nacional y regional, en particular a los puertos de Rosario y el Cordón Industrial.
El juez Regueira destacó que la aplicación del decreto podría afectar el empleo de miles de trabajadores argentinos y poner en riesgo la continuidad operativa de empresas nacionales. Además, criticó el incumplimiento del proceso de consulta previa con los actores involucrados, considerando esto como una obligación constitucional y regulatoria del gobierno nacional. El juez exhortó al gobierno a abrir instancias de diálogo con representantes del sector para lograr un consenso sobre las reformas necesarias.
Invalidez Constitucional de los Artículos 2 y 3
En paralelo, la Cámara Nacional del Trabajo declaró la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del Decreto 340/25, que limitaban el derecho a huelga. La Confederación General del Trabajo (CGT) había interpuesto una acción de amparo contra estos artículos, argumentando que imponían modificaciones al derecho a huelga sin justificar los requisitos de necesidad y urgencia que habilitaran a eludir el trámite constitucional de sanción de las leyes.
Los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado confirmaron la decisión de primera instancia, declarando la invalidez de estos artículos. Además, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó la reincorporación de 117 trabajadores despedidos por Corredores Viales en abril, bajo la orden del exministro de Transporte, Franco Mogetta. La jueza Graciela Craig sostuvo que los despidos fueron una represalia directa por ejercer el derecho a huelga, lo que constituye una afectación a derechos vinculados a la libertad sindical, protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales.
Reacciones del Sindicato
Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), se celebró el fallo, afirmando que «este fallo demuestra lo que denunciamos desde el primer día: los despidos fueron una represalia directa por ejercer nuestro derecho a huelga, levantar barreras y defender nuestros derechos colectivos».
Conclusión
La suspensión del Decreto 340/25 y la orden de reincorporación de los trabajadores despedidos representan un revés significativo para el gobierno y una victoria para los actores del sector marítimo y laboral. Estos fallos judiciales destacan la importancia de la consulta previa y el diálogo con los actores involucrados, así como la protección de los derechos laborales y constitucionales. El gobierno deberá revisar sus políticas y abrir instancias de diálogo para lograr un consenso que asegure tanto la competitividad como la sustentabilidad de la marina mercante argentina.
