Revés para Milei en la causa por el financiamiento universitario: la Corte Suprema rechazó recusaciones contra los jueces
La Corte Suprema desbarató el intento del gobierno de Javier Milei de correr a todos los jueces que intervienen en la causa por el financiamiento de las universidades públicas. En una resolución firmada por sus tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal rechazó las recusaciones planteadas por el Ejecutivo contra el juez Martín Cormick y los camaristas Sergio Fernández y Alberto Morán, y ratificó su intervención en el expediente.
El gobierno se resiste a cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (27.795). En esa línea, Javier Milei firmó el decreto 759/2025, por el cual estableció que no aplicaría la norma hasta que se definieran las fuentes específicas de financiamiento. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo colectivo contra ese decreto y consiguió una cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo pagar lo que les debe a las universidades y a los docentes.
La medida cautelar fue dictada por el juez Martín Cormick, el mismo magistrado que determinó que era nulo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. La decisión fue validada por la Sala III de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. El gobierno llevó la discusión a la Corte Suprema en un intento por demorar el pago de sus obligaciones y, como estrategia adicional, planteó recusaciones contra los jueces.
A Cormick lo impugnó porque ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad Nacional de José C. Paz. A Fernández lo objetó porque es docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En el caso de los supremos, el gobierno sostuvo que debían excusarse porque todos ejercen la docencia universitaria.
La Corte recordó que las recusaciones tienen un carácter restrictivo, ya que implican sustraer una causa de su juez natural. Para los cortesanos, que un juez sea docente universitario o incluso perciba un salario por esa tarea no significa que tenga un interés personal en la resolución del pleito. Por esa misma razón, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron apartarse del expediente.
La decisión llega días después de que los supremos recibieran una carta, promovida por Amnistía Internacional, en la que más de 4.700 personalidades y organizaciones de la sociedad civil reclamaban una pronta intervención en el expediente. Entre los firmantes se encuentran jueces como Alejandro Slokar y Daniel Rafecas, y juristas como Andrés Gil Domínguez, Francisco Verbic, Roberto Gargarella, Diana Maffia y Dora Barrancos, entre muchos otros.
Preguntas para los lectores: ¿Qué opinás del fallo de la Corte Suprema? ¿Creés que el gobierno debería cumplir con la ley de financiamiento universitario? ¿Cómo afecta esta disputa a las universidades públicas y a sus docentes? Dejanos tu comentario.
