Revolución en Hacienda: el proyecto que busca declarar «inocentes» a los contribuyentes hasta que ARCA pruebe lo contrario

La «Ley de Inocencia Fiscal» modificaría el Régimen Penal Tributario, elevando drásticamente los montos para considerar un delito y reduciendo los plazos de prescripción. Su objetivo es fomentar el blanqueo y reducir la persecución por casos menores.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2025. — El Gobierno incluyó en el temario de sesiones extraordinarias un proyecto que propone un cambio de paradigma en la relación entre el fisco y los contribuyentes: la «Ley de Inocencia Fiscal». La iniciativa establece que las personas y empresas serán consideradas inocentes hasta que la ARCA demuestre lo contrario, revirtiendo la lógica histórica basada en una presunción de evasión.

El objetivo declarado es generar previsibilidad y confianza, permitiendo que fondos no declarados ingresen al sistema formal sin riesgo de persecución penal retroactiva, y que el organismo concentre sus recursos en los casos de evasión significativa.

Los cambios clave del proyecto:

1. Umbrales penales disparados (Régimen Penal Tributario):

  • Evasión simple: Pasa de $1,5 millones a $100 millones para configurar delito.
  • Evasión agravada: De $15 millones a $1.000 millones.
  • Uso de facturas apócrifas: De $1,5 millones a $100 millones.
  • Evasión en Seguridad Social (simple): De $200.000 a $7 millones.
  • Consecuencia: Muchas causas penales en curso por montos menores quedarían sin efecto.

2. Nuevo «Impuesto a las Ganancias Simplificado»:

  • Elimina la obligación de declarar patrimonio inicial y de justificar el consumo anual.
  • Si los bienes al cierre del ejercicio son compatibles con los ingresos declarados, no se presume evasión.
  • Los fondos blanqueados obtienen presunción de legitimidad hacia el futuro.

3. Plazos más cortos y multas más altas:

  • Prescripción: El plazo para que ARCA revise declaraciones se reduce de 5 a 3 años (si el contribuyente cumplió en tiempo y forma).
  • Multas por incumplimientos formales: Se elevan significativamente, hasta $220.000 para personas humanas y $440.000 para sociedades.

4. Beneficios indirectos para monotributistas:

  • Se reduce la posibilidad de imputaciones penales por inconsistencias menores.
  • Se fortalece la seguridad jurídica frente a fiscalizaciones.

Un debate entre incentivo y control
El proyecto parte de la premisa de que «gran parte de la informalidad responde a contextos económicos adversos y no a evasión deliberada». Sus promotores argumentan que es una herramienta para «desjudicializar» la vida de pequeños contribuyentes y atraer capitales informales a la economía formal.

Sus críticos podrían verlo como un blanqueo de evasión pasada y una reducción de las herramientas de control del Estado en un contexto de necesidades fiscales apremiantes.

¿Un nuevo pacto fiscal?
¿Cree que este cambio de lógica, de «culpable hasta que se demuestre lo contrario» a «inocente», fomentará la formalización y la inversión? ¿O debilita la lucha contra la evasión en un momento crítico para las arcas públicas? La discusión promete ser intensa.

De aprobarse, la ley marcaría un antes y un después en la historia tributaria argentina, con efectos concretos para millones de contribuyentes.