Se agrava la tensión en Rosario: policías protestan, gobierno pasa a disponibilidad a 20 agentes y refuerza con Gendarmería
Los efectivos reclaman mejoras salariales y se acuartelaron. El ministro Cococcioni dijo que los reclamos son “atendibles”, pero sancionó a quienes “abandonaron el servicio”.
La tensión en Rosario escaló este martes luego de que efectivos policiales se acuartelaran y protestaran por mejoras salariales, lo que obligó al gobierno de Maximiliano Pullaro a pasar a disponibilidad a al menos 20 agentes y a reforzar el patrullaje con fuerzas de Gendarmería y uniformados de otras zonas. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, reconoció que los reclamos son “atendibles”, pero advirtió que “no estamos dispuestos a poner sobre la mesa la seguridad de la provincia”.
Protesta y acuartelamiento
Durante la madrugada, policías junto a sus familiares se congregaron frente a la Jefatura de Policía de Rosario y decidieron acuartelarse, sumándose a una protesta que se replica en otras ciudades santafesinas. El Corte de tránsito en la zona obligó a desviar el tráfico y el Centro Integrado de Operaciones Rosario (CIOR) recomendó evitar el área.
Respuesta del gobierno: sanciones y refuerzos
- 20 agentes pasados a disponibilidad con retiro de armas, y varios serán denunciados penalmente por “abandonar el servicio”.
- Refuerzo con Gendarmería y traslado de efectivos de otras zonas a Rosario, en el marco del Plan Bandera.
- Cococcioni afirmó que “la protesta es legítima” y que las necesidades de la fuerza “son atendibles”, pero aclaró que “la política salarial no se discute en una paritaria policial” sino que se equipara a la de la administración pública provincial.
Contexto crítico
La protesta se da en un mes de enero con nueve homicidios en Rosario –cifra baja respecto a 2025, pero con más de 45 heridos de arma de fuega– y después de que la mayoría de los agentes no tomara vacaciones para mantener la presencia policial en los meses más complejos del año. Para Pullaro, la seguridad es un pilar central de su gestión y cualquier fractura en la fuerza amenaza su narrativa de “baja sostenida de la violencia”.
¿Diálogo o mano dura?
El gobierno provincial intenta un equilibrio delicado: por un lado, sanciona a los acuartelados para disuadir nuevas protestas; por otro, reconoce el descontento salarial y promete “mejoras en las condiciones laborales”. Mientras, Rosario –ciudad históricamente atravesada por la violencia narco y la conflictividad policial– queda en el centro de una puja que puede definir la gobernabilidad de Santa Fe.
¿Creés que el gobierno provincial debería priorizar la negociación salarial con la policía o mantener la firmeza para no afectar la seguridad? ¿Cómo impacta este conflicto en la percepción de seguridad en Rosario? Dejanos tu opinión.
