Se aprobó la Ley de Reiterancia, que promete terminar con la «puerta giratoria»
La Cámara de Diputados del Chaco aprobó este miércoles la modificación del Código Procesal Penal que incorpora de manera expresa la reiterancia de actividad delictiva como uno de los supuestos para disponer la prisión preventiva. La iniciativa, impulsada en 2024 por el entonces diputado y hoy ministro de Gobierno, Carim Peche, modifica el artículo 289 del compendio normativo y establece que, cuando el autor de un delito doloso hubiera incurrido en reiteración de actividad delictiva —por la existencia actual o anterior de otro u otros procesos penales por delitos dolosos—, esa circunstancia podrá ser considerada para disponer su prisión preventiva.
El debate y los argumentos oficialistas
Desde el oficialismo, la aprobación fue presentada como una respuesta a una de las principales demandas de la sociedad chaqueña y como una decisión vinculada directamente con la política de seguridad impulsada por el gobierno provincial. El diputado Iván Gyoker sostuvo que la Legislatura tuvo una «posibilidad histórica» de avanzar sobre un problema que, según planteó, afecta directamente a la ciudadanía. «No queremos ser relatores de la realidad, quejarnos de problemas», afirmó durante el debate.
Uno de los principales argumentos utilizados por el legislador oficialista fueron los datos sobre reincidencia o reiteración delictiva en el Gran Resistencia. Según expuso durante la sesión, el 85% de los delitos cometidos en el área metropolitana estaría vinculado con personas en situación de reiterancia. También afirmó que, en promedio, pasan 49 días entre una detención y otra en determinados casos y que aproximadamente un tercio de los delincuentes detenidos vuelve a ser aprehendido dentro de los 30 días.
«El fiscal deberá aplicar la reiterancia»
Otro de los legisladores oficialistas que defendió con mayor énfasis la iniciativa fue Jorge Gómez, diputado y exfiscal. Aseguró que la reforma no afecta la constitucionalidad porque «todos los derechos tienen limitaciones por ley, no hay derecho absoluto». Gómez marcó una diferencia central entre el régimen actualmente existente y el que se pretende aplicar con la reforma. Según explicó, con la modificación «el fiscal deberá aplicar la reiterancia», convirtiéndose en un imperativo para el Ministerio Público cuando se configuren las circunstancias previstas por la norma.
La oposición cuestionó la forma, no el fondo
Desde la oposición, el diputado Nicolás Slimel rechazó que el bloque opositor se haya opuesto a mejorar las herramientas contra la inseguridad y cuestionó la manera en que el oficialismo llevó adelante el debate. «Es mentira que la oposición estaba en contra, estaba a favor de mejorar el texto», afirmó. Slimel sostuvo que durante las últimas semanas hubo «falsas acusaciones» contra los legisladores opositores y aseguró que en las conversaciones previas a la sesión existía voluntad de avanzar sobre una modificación concreta.
El legislador señaló que el artículo 289 del Código Procesal Penal ya contemplaba la posibilidad de considerar la reiterancia y cuestionó que se presentara la reforma como si se tratara de una herramienta completamente inexistente. En la misma línea, Santiago Pérez Pons, también de la oposición, utilizó como referencia las experiencias de otras provincias, mencionando el caso de Tucumán, donde la reiterancia se aplica desde 2018.
Nota final:
El Chaco tiene una nueva herramienta legal para enfrentar la reincidencia delictiva. La Ley de Reiterancia, aprobada por la Legislatura provincial, busca terminar con la denominada «puerta giratoria» al establecer que los jueces deberán dictar prisión preventiva cuando una persona con procesos penales pendientes vuelva a delinquir. El oficialismo celebró la medida como una respuesta concreta a una demanda ciudadana, mientras que la oposición cuestionó la forma en que se llevó el debate y recordó que la reiterancia ya estaba contemplada en el Código Procesal Penal. Más allá de las diferencias políticas, la norma es ahora una realidad que deberá demostrar su eficacia en los tribunales. Porque la seguridad no se construye solo con leyes, sino con la voluntad de aplicarlas.
