Suben los Montos para que Haya Delito de Evasión y Buscan Blindar a Quienes Usen Dólares del Colchón
El Gobierno ha presentado una iniciativa conocida como la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, que busca modificar los umbrales que definen cuándo hay delitos de evasión penalizados y brindar protección legal a los contribuyentes que decidan utilizar sus dólares no declarados. Esta propuesta fue anunciada en la Casa Rosada por el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, y el diputado José Luis Espert.
Objetivos y Alcance de la Iniciativa
El diputado Espert destacó que el objetivo es «blindar al ciudadano de bien», argumentando que «no son los argentinos los que están en falta con el Estado, sino el Estado con los ciudadanos». La iniciativa busca que quienes tengan su dinero o patrimonio en la informalidad puedan formalizarlos, pagar impuestos y acceder a créditos, con la garantía legal de no ser perseguidos en el futuro. Además, el Gobierno espera aumentar la recaudación y sumar dólares a las reservas del Banco Central (BCRA).
Fases del Proyecto
El proyecto tiene dos fases principales. La primera fase busca cambiar el paradigma del régimen tributario argentino, pasando de un enfoque persecutorio a uno recaudatorio. Esto implica modificar los montos que definen la evasión simple y agravada. Actualmente, la evasión simple se considera a partir de $1.5 millones, pero con la nueva ley, este monto se elevaría a $100 millones. De manera similar, la evasión agravada pasaría de $15 millones a $1,000 millones.
La segunda fase del proyecto se centra en la creación de un «cerrojo» legal, vinculado al régimen simplificado de ganancias presentado recientemente por el Gobierno. Este régimen está diseñado para residentes con ingresos anuales de hasta $1,000 millones y un patrimonio de hasta $10,000 millones. Los grandes contribuyentes y las sucesiones indivisas quedan fuera de este régimen.
Beneficios y Procedimientos
El régimen simplificado de ganancias ofrece dos incentivos principales: una especie de «tapón fiscal» que protege a los contribuyentes de futuras investigaciones sobre su variación patrimonial y consumos, y la posibilidad de aprovechar al máximo el crédito disponible. Una vez adherido al régimen, el contribuyente podrá visualizar y rectificar el pago calculado, generando un volante de pago (VEP). Al pagar, se obtendrá un efecto liberatorio que cubrirá cualquier variación patrimonial existente.
Cambios en la Fiscalización
La fiscalización de ARCA se limitará a la última declaración jurada presentada. Esto significa que los contribuyentes que ingresen al régimen simplificado no serán investigados por incrementos patrimoniales pasados. Sin embargo, en futuras declaraciones, los nuevos bienes estarán sujetos al impuesto de Bienes Personales.
Multas y Prescripción
Además, se actualizarán las multas por infracciones tributarias, como no presentar a tiempo la declaración jurada, pasando de $200 a $220,000, ajustados por el IPC. También se cambiarán los tiempos de prescripción a tres años, siempre y cuando las presentaciones se realicen a término y sin discrepancias significativas.
Conclusión
Esta iniciativa busca no solo aumentar la recaudación fiscal, sino también brindar una oportunidad para que los contribuyentes regularicen su situación patrimonial sin temor a represalias legales. La colaboración entre el Gobierno y los contribuyentes será clave para el éxito de este plan.
Preguntas para la Reflexión y el Debate:
- ¿Cómo puede la Ley de Principio de Inocencia Fiscal beneficiar a los contribuyentes y al Estado?
- ¿Qué estrategias podrían implementarse para asegurar que los contribuyentes adhieran al régimen simplificado de ganancias?
- ¿De qué manera puede la actualización de los umbrales de evasión mejorar la eficiencia del sistema tributario?
- ¿Cómo pueden los cambios en la fiscalización y las multas impactar en la conducta de los contribuyentes?
- ¿Qué papel juega la transparencia y la responsabilidad en la implementación de políticas fiscales?
La presentación de esta iniciativa refleja un esfuerzo por parte del Gobierno para equilibrar la necesidad de recaudación fiscal con la protección de los derechos de los contribuyentes. La colaboración y el diálogo continuo serán esenciales para avanzar en esta dirección.
