Suicidio del soldado formoseño: el drama que reabrió el debate por los celulares en las cárceles

Rodrigo Gómez se quitó la vida tras ser extorsionado desde el penal de Magdalena. Los delincuentes usaban teléfonos permitidos por la Justicia desde la pandemia. Mientras, bandas como «La Banda del Millón» siguen operando con «mando remoto».

14 de Febrero, 2026

¿Cómo es posible que desde una cárcel se pueda llevar a una persona al suicidio? La muerte del soldado formoseño Rodrigo Andrés Gómez, hallado sin vida el 16 de diciembre pasado en la Quinta de Olivos, conmocionó al país. Pero la investigación judicial reveló una historia aún más oscura: una banda de presos, con celulares en sus celdas, lo extorsionó hasta llevarlo a tomar la decisión fatal.

El caso reabrió un debate incómodo: ¿deberían los detenidos tener acceso a teléfonos? Y si lo tienen, ¿quién controla lo que hacen con ellos?

La extorsión que terminó en tragedia

Rodrigo Gómez fue víctima de una estafa sexual perpetrada desde la Unidad N°36 del complejo de Magdalena. Tomás Francavilla, un delincuente de La Matanza condenado por robo, lo llamó haciéndose pasar por un teniente de la Bonaerense. Le anunció que una investigación por pedofilia comenzaba en su contra. La amenaza era falsa, pero el soldado no lo sabía.

Francavilla, apoyado por su novia y las parejas de sus cómplices, logró que Gómez realizara cuatro pagos por $1,4 millones a dos billeteras virtuales. Horas después, en su garita, con un tiro de su fusil, el soldado se quitó la vida.

La banda lo llamó varias veces después de muerto.

El allanamiento que lo confirmó

La División Homicidios de la Policía Federal allanó el penal el lunes pasado por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El resultado: a Francavilla le encontraron dos teléfonos escondidos en su celda. A Mauricio Duarte Areco, otro de los jefes de la banda, uno más.

Cuatro teléfonos en manos de presos que operaban con total impunidad.

El fallo que lo permitió

La pregunta surge sola: ¿cómo llegaron esos teléfonos ahí? La respuesta tiene fecha: 30 de marzo de 2020. En plena pandemia, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, a través del magistrado Víctor Violini, autorizó el ingreso masivo de celulares a las 81 unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El argumento: evitar «una situación de ostracismo que, en el marco de la actual pandemia, importa un sufrimiento incompatible con el trato humanitario». Los presos no podían recibir visitas ni tener contacto fluido con sus defensas.

La medida tenía fecha de vencimiento: debía regir «DURANTE EL PERÍODO que subsistan la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio». Las mayúsculas son del fallo.

El aislamiento terminó el 30 de enero de 2021. La OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria en mayo de 2023. Pero los celulares siguen.

Lo que dicen los números

Según fuentes oficiales, hoy el 85% de los detenidos del SPB tiene acceso a un teléfono sin control judicial. El 99,3% de los aparatos incautados lo son por uso indebido de redes sociales; el resto, en el marco de causas judiciales.

El debate tiene dos caras. Quienes defienden la medida sostienen que ayudó a bajar la conflictividad. Los números parecen darles la razón:

• 2019 (sin celulares): 3,1% de los internos con conducta regular, mala o pésima; 9.022 sanciones aplicadas.
• 2024 (con celulares): 2,4% con conducta regular, mala o pésima; 6.001 sanciones.

Los homicidios intramuros también bajaron: de 2,3 cada 10 mil internos en 2019 a 0,6 en 2024.

Pero la otra cara es la que duele: presos que delinquen desde la cárcel. Y casos aberrantes que no deberían repetirse.

«La Banda del Millón»: el mando remoto

El caso de «La Banda del Millón» es paradigmático. La organización, con base en la villa La Cava de San Isidro, está acusada de al menos dos homicidios y decenas de robos. Sus líderes —Brandon Brites, Thiago Sandoval y Hugo Isaías Castillo— fueron detenidos, pero desde la cárcel siguieron dando órdenes.

Castillo, desde su celda, lideró un asalto que terminó con la muerte de María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años. También está acusado del asesinato de Jorge De Marco. Sus teléfonos fueron incautados, pero el daño ya estaba hecho.

Este viernes, el fiscal del caso, Patricio Ferrari, pidió a la Justicia la prohibición del uso de celulares en las cárceles para terminar con el «mando remoto». El pedido alcanza a los 40 detenidos de su expediente y fue dirigido, entre otros, al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena.

La palabra del padre

Juan Gómez, padre de Rodrigo, fue claro en una entrevista con TN: «La ineficiencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tanto del gobernador Kicillof como del ministro de Seguridad. Son muy incompetentes como para dejar que tengan cuatro celulares dentro de una cárcel. Desde ahí hacen lo que quieren».

La pregunta que queda

Un oficial de la Bonaerense de alto rango lo resume así: «Es una locura que sigan operando desde la cárcel. Marcan los lugares de sus robos con Google Maps. Esto debería debatirse en la Cámara de Diputados. Las cárceles tendrían que estar rodeadas de inhibidores de señal».

Un fiscal experimentado completa: «Cada vez que allanamos un penal, secuestramos gran cantidad de teléfonos. El ciberdelito cometido por presos está en el top 5. No solo se trata de ciberextorsiones, sino también de hackeo de WhatsApp, pesca de datos bancarios, estafas con tarjeta de crédito. Se dedican a todo».

Infobae contactó en repetidas ocasiones al Servicio Penitenciario Bonaerense y al Ministerio de Justicia provincial para conocer su postura. No hubo respuesta.

¿Creés que los presos deberían tener celulares en las cárceles?
¿Qué medidas tomarías para evitar que sigan delinquiendo desde prisión?

Detrás de cada llamada desde una cárcel hay una víctima que no sabe que está siendo estafada, una familia que llora una muerte evitable, un sistema que no encuentra el equilibrio entre derechos humanos y seguridad ciudadana.

Rodrigo Gómez ya no está. Pero su historia debería servir para que esto no vuelva a pasar.

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