Tapia declara ante la Justicia: se reafirma como víctima de extorsión y niega vínculos con la casa de Pilar
En una declaración judicial virtual realizada este miércoles, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, ratificó su denuncia por presunta extorsión contra dirigentes de la Coalición Cívica y un empresario, y volvió a negar cualquier relación con la polémica vivienda de Pilar que originó la investigación sobre su patrimonio.
La estrategia de la defensa: de acusado a acusador
Durante su exposición ante la Fiscalía de Pilar, Tapia sostuvo una postura ofensiva. Aseguró no conocer a los denunciantes –los dirigentes Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, y el empresario Leandro Camani, titular de la empresa Secutrans S.A.– y planteó que la causa judicial fue en realidad la consecuencia de un conflicto previo, y no su origen.
Según su relato, el núcleo del problema se remonta a cuando ejercía funciones en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE). Allí, habría sido objeto de «presiones, amenazas y advertencias» por negarse a habilitar un negocio millonario vinculado al sistema de fotomultas.
La tesis de la «operación mediática-judicial»
Tapia argumentó que la denuncia por enriquecimiento ilícito fue una «operación mediática-judicial» montada como represalia. Acusó directamente a Camani de actuar «escudándose» en los políticos para materializar amenazas y coaccionarlo, en un supuesto «concierto de una asociación ilícita».
«Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar», insistió el mandatario futbolero, vinculando el episodio actual con presiones anteriores, en 2023, para que se autorizara la instalación y conexión energética de cámaras para fotomultas.
Pedidos concretos y escalada judicial
La declaración de Tapia sigue al extenso escrito presentado la semana pasada, donde no solo se declaró víctima, sino que pasó al ataque procesal. Solicitó:
- Allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos de Camani, Yofe y Del Gaiso.
- Peritaje de ese material.
- Citación de testigos bajo identidad reservada.
Con esta movida, Tapia busca reorientar el foco de la investigación, pasando del análisis de su patrimonio a la presunta conducta extorsiva de sus denunciantes.
Para el debate y la reflexión:
Ante versiones contradictorias, ¿qué peso debería tener el testimonio de una figura pública como Tapia frente a la documentación que pueda presentar la fiscalía sobre la propiedad? ¿Es creíble la teoría de una «operación mediática-judicial» orquestada por una empresa, o parece una estrategia de defensa para desviar la atención? En casos de alto perfil como este, ¿cómo se puede garantizar que la investigación judicial no se vea contaminada por la exposición pública y las disputas políticas?
