Tensión en el Transporte Público de Chaco: Empresas y Gobierno Buscan Soluciones Ante el Desfase de Costos

25 de junio de 2025 – El transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana del Gran Resistencia, Chaco, enfrenta una crisis financiera que ha generado tensiones entre las empresas concesionarias, agrupadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), y el gobierno provincial. Las empresas advierten que el desfase entre ingresos y costos operativos, agravado por la falta de actualización de tarifas y subsidios, las empuja a iniciar procesos preventivos de crisis, con posibles reducciones de frecuencias, parálisis de servicios o acciones judiciales. Desde el gobierno, el subsecretario de Transporte, Rodolfo Díaz, reconoce la necesidad de ajustes, pero señala limitaciones fiscales y la falta de una audiencia pública programada, dejando a miles de usuarios en incertidumbre.

Una Crisis Financiera Insostenible

Gustavo Larrea, referente nacional de FATAP, explicó que las empresas enfrentan un déficit operativo insostenible debido a la disparidad entre ingresos y egresos. “El último aumento salarial fue de $1.200.000 y ahora hay un nuevo pedido de $1.300.000, sumado al compromiso de la primera cuota del aguinaldo. Todo esto sin estar contemplado en tarifas ni en subsidios”, afirmó Larrea. Según las empresas, las compensaciones estatales están calculadas con base en costos de septiembre de 2024, lo que genera un desfase significativo frente a la inflación y los incrementos en combustibles y salarios.

Un estudio de costos realizado por las empresas indica que la tarifa técnica –el costo real del servicio sin subsidios– supera los $2.200 por pasajero, sin considerar el reciente aumento del combustible. Aunque el Estado cubre parte de este costo, la tarifa actual en Chaco, que en su momento fue de las más altas del país, ahora se ubica en el puesto 15 a nivel nacional, con provincias como Formosa ($690) y Corrientes ($590) liderando el ranking, según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

Larrea también expresó descontento por la “falta de diálogo” con el gobierno provincial, señalando que una reunión pautada tras las elecciones legislativas del 11 de mayo de 2025 no se concretó. Esta situación ha llevado a las empresas a considerar procesos preventivos de crisis, una medida administrativa que podría derivar en suspensiones de personal o reducción de servicios, afectando directamente a los usuarios.

Respuesta del Gobierno Provincial

El subsecretario de Transporte, Rodolfo Díaz, reconoció la gravedad de la situación, pero destacó las limitaciones fiscales del gobierno provincial: “No hay margen fiscal para incrementar la asistencia. La situación no es nueva, pero ahora el reclamo se profundiza por el pago del medio aguinaldo”. Díaz señaló que la caída en la calidad del servicio ha generado un “círculo vicioso”: los usuarios, frustrados por frecuencias reducidas y colectivos en mal estado, recurren a aplicaciones de transporte alternativo como remises o plataformas digitales, lo que reduce aún más los ingresos de las empresas. “Cuando los usuarios se van, no vuelven”, advirtió.

Sobre un posible aumento de tarifas, Díaz indicó que no hay una audiencia pública programada, aunque admitió que “deberá hacerse próximamente”. La última actualización tarifaria en Chaco, aprobada en 2024, llevó el boleto a $450 en algunas localidades, como Roque Sáenz Peña, pero las empresas sostienen que, sin subsidios, el costo real debería rondar los $1.800. La falta de una Ley Federal del Transporte, reclamada por FATAP desde 2022, agrava la disparidad entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que recibe mayores subsidios, y el interior, donde las provincias y municipios deben asumir una parte significativa de los costos.

Impacto en los Usuarios

La crisis del transporte público afecta directamente a los miles de usuarios del Gran Resistencia, que dependen de los colectivos para trasladarse a sus trabajos, escuelas y centros de salud. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha advertido sobre posibles medidas de fuerza si las empresas no logran pagar los salarios, como ocurrió en febrero de 2024, cuando un paro en Roque Sáenz Peña dejó a la ciudad sin servicio por tiempo indeterminado. En X, usuarios como @ResistenciaOk expresaron su frustración: “El colectivo pasa cada una hora y está roto. Trabajo para pagar el boleto y encima viajo mal”.

La eliminación del Fondo Compensador del Interior por el gobierno nacional en febrero de 2024, que distribuía $102.000 millones anuales a las provincias, ha profundizado la crisis. En Chaco, la falta de estos fondos, sumada a la no liquidación de los atributos sociales de la tarjeta SUBE (descuentos del 55% para beneficiarios de AUH, Progresar, jubilados, etc.) desde diciembre de 2024, ha dejado a las empresas sin ingresos clave. FATAP envió una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Transporte, exigiendo la reactivación de estos pagos, pero no ha recibido respuesta.

Contexto Nacional y Regional

La situación en Chaco refleja un problema estructural en el transporte público del interior del país. Según FATAP, en 2022, el AMBA recibió $24.700 millones en subsidios mensuales, mientras que el interior apenas obtuvo $3.800 millones, a pesar de que los costos operativos son similares. La Resolución 8/2025 actualizó los cálculos de subsidios en el AMBA, incorporando la inflación y nuevas paritarias, pero no contempló al interior, donde las empresas operan con un déficit crónico.

En otras provincias, como Jujuy y Santiago del Estero, también se registraron paros y reducciones de servicio en 2024 por la falta de pago de salarios y subsidios. En Paraguay, un caso similar generó reguladas de colectivos en el área metropolitana, con empresarios denunciando una deuda de USD 9,48 millones en subsidios, según publicaciones en X. En Chaco, la situación se agrava por la caída del 22% en el volumen de pasajeros desde 2019, influida por la pandemia y la migración a alternativas privadas.

Posibles Soluciones y Perspectivas

El gobierno provincial y las empresas coinciden en la necesidad de una readecuación tarifaria, pero cualquier aumento requiere una audiencia pública para garantizar transparencia, lo que podría demorar semanas. Díaz señaló que provincias como Neuquén ($370) y Formosa ($690) ya implementaron tarifas más altas, pero un ajuste en Chaco podría generar rechazo social en un contexto de 44,7% de pobreza, según la UCA.

FATAP insiste en la aprobación de una Ley Federal del Transporte que equipare los subsidios entre el AMBA y el interior, una propuesta estancada en el Congreso desde 2022. Mientras tanto, las empresas evalúan medidas drásticas, como reducción de frecuencias o paros, aunque Larrea afirmó que “nadie quiere dejar a la gente a pie”. Por su parte, el gobierno de Leandro Zdero enfrenta presiones adicionales por la crisis económica, como la reciente investigación en ANSES por irregularidades en beneficios sociales, que podría involucrar a intendencias locales.

Llamado a la Acción

La situación del transporte público en Chaco pone en riesgo la movilidad de miles de usuarios y la estabilidad laboral de los trabajadores del sector. La falta de diálogo y soluciones concretas agrava un problema que requiere acción urgente. ¿Qué opinás sobre la crisis del transporte público en el Gran Resistencia? ¿Creés que un aumento de tarifas es la solución, o debería priorizarse la reactivación de subsidios nacionales? ¿Qué medidas podrían mejorar el servicio? Compartí tus ideas en los comentarios o en redes sociales con el hashtag #TransporteChaco2025. ¡Tu opinión puede contribuir a encontrar soluciones para un servicio esencial!