Ultimátum judicial al Gobierno: tiene hasta el 4 de febrero para aplicar plenamente la Ley de Discapacidad
Un juez federal ordenó al Ejecutivo implementar toda la normativa en diez días hábiles, bajo apercibimiento de multas diarias a funcionarios como Adorni y Pettovello, e incluso posibles causas penales por desobediencia.
En un fallo de alto impacto político y social, la Justicia federal le puso un límite concreto a la resistencia del gobierno de Javier Milei a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó al Poder Ejecutivo poner la ley en «plena ejecución» antes del 4 de febrero de 2026, dando un plazo máximo de diez días hábiles. De incumplir, funcionarios como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas diarias y hasta causas penales por desobediencia.
La medida, dictada en plena feria judicial, ejecuta una sentencia que el magistrado había emitido a fines de diciembre. El fallo es una respuesta a un amparo presentado por familias y referentes del colectivo, que llevan más de 130 días denunciando la falta de aplicación de una ley aprobada y ratificada por el Congreso en 2025.
Los puntos no negociables que debe cumplir el Gobierno
El juez González Charvay fue específico. Ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que, en un plazo de solo cinco días, «informen y acrediten con la documentación correspondiente el avance de los trámites destinados al cumplimiento de la sentencia». Entre los requisitos concretos que el Gobierno debe presentar se encuentran:
- La resolución que actualice los aranceles a los centros prestadores desde enero de 2025.
- El plan de pago de la compensación adeudada a los prestadores.
- La apertura del plan ARCA para refinanciar deudas del sector.
- Los nuevos valores de las prestaciones.
- El decreto que reglamente la Ley 27.793, el cual ya lleva tres meses de retraso.
«El 4 de febrero tiene que estar todo cumplido; si no, comenzarán a aplicarse multas diarias a los funcionarios o, incluso, podrán iniciarse causas penales por desobediencia», destacaron desde las familias que impulsaron el amparo.
La voz del colectivo: «Ya no se aceptan más excusas»
Lola Berthet, actriz y referente del colectivo, manifestó: «La Justicia le puso un ultimátum al Gobierno: el 4 de febrero la ley tiene que estar funcionando sí o sí, al cien por ciento. Ya llevamos más de 130 días desde que está vigente y no se cumple».
Su reclamo fue reforzado por Valentina Bassi, también actriz y madre de un adolescente con trastorno del espectro autista: «Ya no se aceptan más informes técnicos, como los que venían presentando hasta ahora. Esta es una intimación final».
Un conflicto que trasciende lo administrativo
La abogada Lorena Aguirre, referente de la Asamblea Discas en Lucha, expresó escepticismo sobre la voluntad política de cumplir: «Va a dilatar su implementación todo lo que pueda». Aguirre adelantó que están evaluando presentar amparos colectivos en cada jurisdicción del país para forzar el cumplimiento.
Su análisis apunta al núcleo del conflicto: «La realidad es que para el Gobierno somos un gasto. Una persona que cobra una pensión de alrededor de 300 mil pesos no cubre sus necesidades básicas. Encima no accede a obra social y no tiene cobertura de sus remedios». Y sentenció: «Buscan que la gente se muera. Pero nosotros vamos a seguir luchando en la calle y concientizando a toda la sociedad para que nos acompañe».
El principio de «no regresividad» y la presión internacional
Aguirre apeló a un principio clave del derecho internacional: «Existe un principio de no regresividad y de no discriminación que está siendo tolerado». Este principio sostiene que los Estados no pueden retroceder en el nivel de protección de los derechos humanos ya alcanzado, algo que, según el colectivo, ocurre cuando una ley sancionada no se implementa, dejando sin efecto derechos conquistados.
El escenario que se viene: un duelo entre poderes del Estado
El fallo del juez Charvay configura un clásico duelo entre poderes:
- El Poder Judicial ordenando el cumplimiento de una ley.
- El Poder Ejecutivo, que ha expresado su rechazo a la norma, obligado a acatar so pena de sanciones.
«Este es un test crucial para el Estado de Derecho», analizó un constitucionalista. «¿Puede el Poder Ejecutivo, por desacuerdo político, dejar de aplicar una ley sancionada por el Congreso y promulgada? La respuesta judicial es un rotundo no. Si el gobierno desobedece, no solo enfrenta multas, sino que se abre una crisis institucional de gran magnitud, donde la Justicia deberá escalar las medidas coercitivas».
Las organizaciones de discapacidad ya anunciaron que no bajarán los brazos y buscarán «articular la lucha con jubilados y trabajadores», bajo la consigna de que «los derechos son transversales a todos».
¿Acatará el Gobierno un fallo judicial que obliga a implementar una ley que públicamente desprecia, o preferirá enfrentar multas y una batalla institucional abierta? La puesta en marcha (o no) de la Ley de Discapacidad antes del 4 de febrero será un termómetro exacto del respeto a las instituciones en tiempos de polarización. ¿Será la calle, la Justicia o la presión política la que finalmente garantice los derechos de millones de personas con discapacidad? El reloj, ahora judicial, ya está en marcha.
