Victoria Donda renunció como interventora del Inadi
La exfuncionaria informó su decisión a través de las redes sociales. Sin embargo, dijo que seguirá militando en el Frente de Todos «por una sociedad libre».
Este jueves por la noche, Victoria Donda anunció, a través de sus redes sociales, que dejaba su cargo en el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y aseguró que «se cierra un ciclo».
A través de su cuenta de Twitter, la ahora exfuncionaria dijo: «Hoy se cierra un ciclo con mi alejamiento del Inadi, convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso».
«Seguiré militando en el Frente de Todos por la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos y, sobre todo, merecemos», comentó Donda en redes sociales.
JUICIO
En un primer tuit, donde compartió una foto suya en una movilización, había explicado que desde hace un mes está «transitando el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos por el secuestrador y torturador de mis padres, responsable de su desaparición y de que yo haya nacido en la ESMA».
«Es un proceso que me recuerda quién soy, mi identidad personal y política», cerraba ese mensaje.
Donda estaba al frente del organismo desde el 10 de diciembre de 2019, día en que comenzó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, siendo una de las funcionarias más antiguas de esta gestión.
APROPIADOR
Semanas atrás, la Cámara Federal de Casación rechazó las apelaciones de la fiscalía y la querella contra las salidas transitorias de Adolfo Miguel Donda, apropiador de Victoria y condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.
Los jueces Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma declararon «inadmisibles» los planteos del fiscal general Raúl Pleé y de la querella unificada, representada por la abogada Flavia Fernández Brozzi.
Ese mismo tribunal revocó el 25 de octubre pasado un fallo del Tribunal Oral Federal número cinco, que había denegado las salidas transitorias de Donda.
La fiscalía y la querella apelaron esa decisión, pero según la Casación «los recurrentes no logran caracterizar la arbitrariedad que invocan, ni la existencia de cuestión federal suficiente que autorice la habilitación de la vía extraordinaria».
De esa manera, le cerraron el camino a la revisión de la decisión por parte de la Corte Suprema.
«En función de lo expuesto, oídos que fueron la defensa oficial y la fiscalía en los traslados conferidos ante esta instancia, corresponde declarar inadmisibles los recursos», dijeron los jueces.
Donda estuvo preso entre febrero y junio de 1987, pero recuperó la libertad gracias a las leyes de Punto Final y Obediencia debida.
EL INADI PIDE MODIFICAR PROTOCOLO DE USO DE CELULARES EN CÁRCELES
Ante los hechos que son de público conocimiento, relacionados con el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad, la delegada del INADI en el Chaco, Nancy Sotelo, solicitó que se revise el protocolo que autoriza el empleo de estos dispositivos en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y en comisarías de la provincia, y se prohíba el uso a detenidos por delitos contra la integridad sexual y femicidios.
Sotelo expresó su preocupación por un hecho ocurrido en Villa Ángela donde, según la información que trascendió a través de medios locales, un condenado por abusar de una menor de edad que estaba alojado en una comisaría, disponía de un teléfono móvil y lo utilizaba para hostigar a la chica, de 15 años, que terminó quitándose la vida el día de Navidad.
La delegada del INADI explicó que el protocolo para uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad en comisarías y en unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia del Chaco tiene como objetivo facilitar el contacto de los detenidos con sus familiares y que el mismo se puso en marcha durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid 19, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos.
Sin embargo, advirtió que desde hace un tiempo, familiares de víctimas de femicidios y abusos sexuales vienen denunciando el uso malintencionado de dispositivos móviles, por parte de personas detenidas, por esos graves delitos.
“Queremos expresar nuestra preocupación por este tipo de situaciones y solicitar a las autoridades provinciales con competencia en la materia que, en función de los hechos que son de público conocimiento, actualicen el protocolo que regula el uso de dispositivos móviles por parte de personas privadas de la libertad. Lo que se pide, concretamente, es que no se permita el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos con acceso a internet a detenidos por femicidios y delitos contra la integridad sexual”, sostuvo Sotelo.
