«¡Victoria histórica! Diputados avanza hacia una ley que devuelve a las provincias el 57% del impuesto a los combustibles.

El dinero que faltaba está a un paso de volver a casa. En un giro que podría cambiar el destino de rutas abandonadas, escuelas sin refaccionar y hospitales con deudas, la Cámara de Diputados dictaminó el proyecto impulsado por los gobernadores para redistribuir el impuesto a los combustibles, un recurso que, hasta ahora, se esfumaba en fideicomisos opacos y fondos con destinos difusos. El número es contundente: las provincias pasarán de recibir un exiguo 25,47% a un histórico 57,02% de lo recaudado. ¿El precio? La eliminación de tres fideicomisos y tres fondos que, para muchos, eran sinónimo de despilfarro y falta de transparencia.

La batalla no fue fácil. El plenario en las comisiones de Presupuesto y Energía dejó al descubierto las grietas de un sistema que, durante años, privó a las provincias de recursos propios mientras el gobierno nacional administraba —y a veces dilapidaba— fondos que podrían haber pavimentado caminos, construido viviendas o salvado economías regionales. El proyecto, que ya tenía media sanción en el Senado con un contundente 56 votos a favor y solo 1 en contra, ahora está a un paso de convertirse en ley. Y con él, la esperanza de que el dinero llegue adonde más falta hace.

¿Qué se gana y qué se pierde?

El proyecto elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, Transporte y el Sistema Vial Integrado, fondos que, en teoría, debían impulsar obras públicas, pero que en la práctica terminaron siendo cajas negras. También desaparecen el Fondo Compensador del Transporte, el de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Nacional de la Vivienda. ¿El resultado? Más plata en las arcas provinciales, pero con una pregunta clave: ¿garantizará el gobierno de turno que esos fondos no se desvíen hacia gastos corrientes en lugar de invertirse en rutas, puentes o cloacas?

Un diputado del bloque Encuentro Federal, que apoyó la iniciativa, lo reconoció sin vueltas: «Hoy las provincias se hacen cargo de todo: vivienda, obras viales, urbanización… No podemos seguir esperando migajas.» Pero el debate está servido: mientras la oposición celebra la libre disponibilidad de los fondos, el Frente de Izquierda advierte sobre el riesgo de que el dinero se diluya en burocracia y exige blindar los puestos de trabajo de quienes dependían de los fideicomisos. Por su parte, el oficialismo —PRO, La Libertad Avanza y radicales aliados— propone un esquema menos generoso: las provincias recibirían alrededor del 40%, mientras que Nación se quedaría con más del 30%.

El contexto: entre la urgencia y la desconfianza

Este dictamen no es un hecho aislado. Es parte de una ofensiva provincial para recuperar recursos en un año donde la coparticipación se derrumbó, la inflación devoró los presupuestos y las obras públicas brillaron por su ausencia. Solo esta semana, Diputados también aprobó el reparto automático del 1% de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) según la Ley de Coparticipación, otro golpe a la centralización del dinero. Y, en un gesto simbólico, rechazó el decreto que pretendía disolver Vialidad Nacional, un organismo clave para las rutas del interior.

¿Qué sigue? El proyecto debe ser tratado en sesión. Si se aprueba, las provincias tendrán en sus manos un poder inédito: decidir el destino de casi 3 de cada 5 pesos recaudados por los combustibles. Pero con ese poder viene una responsabilidad enorme: demostrar que esta vez el dinero no se perderá en el laberinto de la política, sino que llegará a los pueblos, a las rutas rotas, a las escuelas que se caen a pedazos.

Porque de nada sirve ganar la batalla por los recursos si se pierde la guerra contra la desigualdad. En un país donde el norte se ahoga y el sur mira para otro lado, esta ley podría ser el primer paso para equilibrar la balanza. O, una vez más, la promesa incumplida de un cambio que nunca llega. Las provincias ya eligieron su bando. Ahora les toca a los diputados decidir de qué lado de la historia quieren estar.