Voloj: «No puede haber aumento sin analizar la capacidad económica de los usuarios «
El defensor del Pueblo avaló la instancia de debate público, pero advirtió que la energía es «un derecho esencial y el estado debe garantizar la accesibilidad y la asequibilidad».
De cara a la audiencia pública convocada por la empresa Secheep para mañana en San Martín, donde se abordarán distintas cuestiones pero el eje central será la nueva actualización de las tarifas que implementará la empresa estatal; el defensor del Pueblo, Bernardo Voloj consideró que «la energía es un derecho esencial» y, en consecuencia, «no puede autorizarse un incremento sin el análisis previo de la capacidad económica y financiera de las usuarias y los usuarios».
En un contexto económico por demás complejo y con el poder adquisitivo de asalariados y cuentapropistas de amplios sectores de comunidad en caída libre, como consecuencia de la inflación, la convocatoria a la instancia pública no vinculante cayó como un baldazo de agua fría e incluso generó pedidos de suspensión del debate, por parte de vecinos, como ocurrió en Quitilipi; que fueron canalizados a través de dirigentes de la oposición, como el jefe de la bancada del interbloque de la UCR en la Legislatura provincial, Carim Peche .
Garantizar derechos
En diálogo con NORTE, el ombudsman planteó que si la intención de la empresa es discutir la actualización tarifaria, será necesario «tener en cuenta varios criterios» y, de movida, «clarificar la cuestión de la segmentación energética». «Está claro que fue una política a nivel nacional, que tenía una buena intención que era dejar de subsidiar a aquel que podía pagar la energía eléctrica, pero terminó generando mucha confusión», consideró.
En ese marco, indicó que «hoy casi de un 30% del total de usuarios no se inscribió quedó registrado como usuario ABC1, es decir, un sector de altos ingresos: esto atenta claramente contra los derechos porque las causas por las que no se concretaron esas inscripciones son múltiples», aseguró.
En líneas generales, Voloj aseguró que la Defensoría del Pueblo llegará a la instancia pública para plantear que es necesario analizar si el incremento impulsado por la empresa «no va a implicar una afectación del servicio o una exclusión del servicio de los usuarios, afectando derechos humanos fundamentales». «La energía es un derecho esencial, y el Estado debe garantizar la accesibilidad y la asequibilidad: no puede autorizarse un incremento sin el análisis previo de la capacidad económica y financiera de las usuarias y los usuarios, vamos», sentenció.
En ese marco, consideró que «estamos ante un contexto económico muy difícil, por lo tanto hay que adoptar medidas en defensa y resguardo del interés del usuario, esto es un horizonte de certeza normativa y certeza de la información».
Tarifa diferencial
El defensor del Pueblo adelantó además que el organismo concurrirá a la instancia pública con la intención de insistir en la necesidad de implementar una tarifa diferencial para provincias como el Chaco, que afrontar largas temporadas de altas temperaturas y son, básicamente, electrodependientes.
«Las provincias del NEA deben una tarifa diferenciada, no podemos seguir especulando con esto y necesitamos una mirada especial en ese sentido», sostuvo y añadió: «también vamos a plantear cuestiones propias del día a día como la vinculación con el usuario y el rol que tiene que tener la empresa en cuanto a la información o la mejora en el sistema de medición; todas cuestiones que hacen a la practicidad».
«Debemos fomentar la participación de comunidad»
El defensor del Pueblo se refirió al pedido de suspensión de la audiencia pública motorizada por el legislador de la oposición, Carim Peche, y consideró que «la audiencia pública es el proceso por excelencia para discutir todas las cuestiones referidas a los servicios públicos».
En este marco, añadió que «más allá de que no sea vinculante, se debe fomentar la participación de la ciudadanía y todo lo que allí se diga tiene que ser tomado en cuenta».
Voloj remarcó que «es responsabilidad de quien convoca a la audiencia que todo lo que allí se vuelca «tiene que ser retratado en las decisiones finales»; por lo que aseguró que «entendemos que la suspensión no debe darse, pues que no sería atentatorio contra el único esquema de participación directa y efectivo que tiene la ciudadanía».
