Chaqueños explotados en un campo de frutillas: «Se bañaban en el monte con baldes y bebían agua de bidones de agroquímicos»
Detalles de la causa iniciada en octubre por la que un productor santafesino es acusado de reducir a condiciones inhumanas a trabajadores rurales de San Bernardo y La Clotilde.
La Unidad Fiscal Santa Fe y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) presentaron la acusación de una investigación en la que se determinó que 20 personas captadas en el Chaco y trasladadas a un establecimiento de Arroyo Leyes, provincia de Santa Fe, fueron sometidas a condiciones de vida y trabajo inhumanas. Según los testimonios, las jornadas laborales comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas, de lunes a lunes, sin descansos.
El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe y la Protex formularon el pasado 31 de marzo la acusación a fin de promover la apertura del juicio oral de un productor rural de 25 años, a quien se le atribuye la comisión, en carácter de autor, del delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad, la cantidad de víctimas y la consumación de la finalidad. Asimismo, se estimó en 8 años de prisión la pena que la fiscalía requerirá que se imponga en el marco del debate oral.
«De lunes a lunes trabajamos. Entramos a laburar a las 3 de la mañana, salíamos a las 11. De las 11, comíamos algo un ratito, ya teníamos que entrar otra vez a las 7 de la tarde. Hasta que baje el sol. Y otra vez a la madrugada. Teníamos que hacer todos los días así, así, así. Y el cuerpo no da más», describe uno de los testimonios en el expediente, en un relato desgarrador que visibiliza el infierno que vivieron.
Cómo se destapó el horror
La detección de 45 personas sometidas a condiciones de vida y trabajo inhumanas en un campo de cultivo de frutillas del imputado F.A.P. fue posible gracias a que algunas de ellas huyeron y lo denunciaron en una comisaría local. La investigación preparatoria se inició el 17 de septiembre de 2025 y el 1 de octubre se realizó el allanamiento al campo, donde se identificó a los trabajadores. La mayoría provenía del Chaco, especialmente de San Bernardo y La Clotilde, y había sido trasladada al campo bajo promesas laborales que no se cumplieron. La acusación sostiene que el imputado financiaba los pasajes y luego descontaba esos montos de los salarios, generando así un sistema de endeudamiento inducido. «Les prometían trabajo digno y un lugar para vivir. Terminaron endeudados, sin comida y durmiendo en el piso», explicó a este medio una fuente cercana a la investigación.
Si bien al formalizar la investigación en octubre de 2025 se contabilizaron 45 personas como las presuntas víctimas, la acusación, en función de los testimonios recabados, finalmente se enfocó en 20 de ellas.
Condiciones de vida y trabajo infrahumanas
La acusación describe condiciones de extrema precariedad: los trabajadores dormían en galpones o construcciones improvisadas, con techos de chapa, piso de tierra y cajones de madera utilizados como camas. Las personas debían higienizarse en zonas de monte con baldes y consumir agua almacenada en bidones de agroquímicos. «Se bañaban en el monte con baldes y bebían agua de bidones que antes contenían veneno. Eso es una locura. Nadie debería vivir así», relató un vecino de la zona al conocer los hechos.
Uno de los testimonios agrega: «El cuerpo no da más, viste que vos estás cansado y dormís una hora, dos nomás, y no das más. Me dolía todo el pie cuando tenía que ir otra vez». Las jornadas comenzaban a las 3 de la madrugada, con una pausa al mediodía, y se retomaban a las 19 hasta que caía el sol, con remuneraciones por debajo de los mínimos legales.
En primer lugar, los captadores recorrían los parajes chaqueños ofreciendo «trabajo seguro y bien pago» en el campo. A continuación, una vez en Santa Fe, les quitaban los documentos y los amenazaban con no pagarles la deuda del viaje si intentaban escapar. Además, no tenían acceso a atención médica ni a elementos básicos de higiene. Por último, el caso cuenta con la intervención de programas estatales de asistencia para el acompañamiento psicológico y social de las víctimas, muchas de las cuales aún hoy sufren secuelas del trauma.
«Esto no es trabajo, es esclavitud. Y no es un caso aislado. En muchas zonas rurales del país pasa lo mismo, pero nadie lo denuncia por miedo», advirtió un referente de una organización de derechos humanos.
¿Conocés casos similares en tu zona? ¿Qué creés que se puede hacer para proteger a los trabajadores rurales chaqueños que salen a buscar un futuro a otras provincias? Compartí tu reflexión. Denunciar salva vidas.
