Cinco meses sin cumplir la ley de financiamiento universitario, y ahora el gobierno le pide «un plan de contingencia» a las universidades por los paros que él mismo provoca
La caradurez, no tiene límites. Hace cinco meses que el gobierno de Javier Milei incumple la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso. No transfiere los fondos que las universidades necesitan para recomponer salarios, pagar gastos de funcionamiento y sostener las becas. ¿Y qué hace? Sacar un comunicado echándole la culpa a los rectores y a los gremios por las medidas de fuerza.
El comunicado lleva la firma de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. También hay una circular del Secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, donde intiman a los rectores a cumplir con el dictado de clases bajo «apercibimiento» y amenazando con revisar los recursos que se envían a las casas de estudio. O sea, si no dan clases, les sacamos la poca plata que les mandamos. Una locura, ¿viste?
Mientras tanto, el gobierno sigue dilatando. Tiene una estrategia judicial (apeló la medida cautelar que obliga a cumplir el financiamiento y llevó el caso hasta la Corte Suprema) y también una estrategia parlamentaria para eludir la obligación de transferir unos 2,5 billones de pesos que le adeuda a las universidades. ¿La excusa? El déficit fiscal. Siempre el mismo verso.
La ley se aprobó en noviembre de 2025. El gobierno la promulgó, pero decidió incumplirla. Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentaron una medida cautelar que en dos instancias confirmó la obligatoriedad de cumplir con el financiamiento. Pero el gobierno apeló. Y mientras tanto, las universidades se desangran.
Porque el ajuste es brutal. Hoy las universidades atraviesan una pérdida del 45% de sus fondos. Los docentes y nodocentes, una pérdida salarial equivalente a no haber cobrado siete sueldos en los últimos dos años. En total, son 141 puntos perdidos contra la inflación en los últimos 28 meses. Y el gobierno, lejos de reconocer su responsabilidad, apunta contra los gremios y los rectores por la suspensión de actividades.
El conflicto no es solo parlamentario y judicial. Es social y político. Los gremios, docentes, nodocentes, rectores y estudiantes iniciaron medidas de fuerza. Paros, tomas, movilizaciones. Porque cuando te ajustan el presupuesto y no te actualizan los salarios, no queda otra.
El gobierno libertario insiste con que las universidades «gastan mal» o «no se ordenan». Pero los números están a la vista: la ley de financiamiento no se cumple, los fondos no llegan, y mientras tanto, los pibes que estudian en universidades públicas, muchos de ellos primera generación de estudiantes en sus familias, se quedan sin clases.
¿Cómo puede ser que el mismo gobierno que no cumple la ley le pida «plan de contingencia» a los que están sufriendo el ajuste? Porque acá el plan de contingencia lo tendría que presentar Milei, no los rectores. La ley es ley, y si no se cumple, es ilegal. Punto. ¿O no?
