«Diez años me llevó»: Guillón reclama que se aplique la ley de exámenes toxicológicos y cuestiona la falta de reconocimiento

El diputado provincial Rubén Guillón volvió a poner el dedo en la llaga. La ley que establece exámenes toxicológicos obligatorios para autoridades y funcionarios del Estado chaqueño ya fue sancionada, pero según el legislador, aún no hay señales públicas de su implementación. Y lo que más le indigna: tampoco hubo un gesto de reconocimiento hacia el proyecto que impulsó durante una década.

«Diez años me llevó trabajar esta ley», remarcó Guillón. «Yo pensé que iban a decir: qué bueno este proyecto, vamos a promulgarlo y mostrar compromiso con la sociedad», sostuvo, visiblemente molesto por el silencio oficial. El diputado aseguró que incluso antes de la sanción ya se sometía voluntariamente a los controles, y ahora exige que la norma se aplique sin excepciones. «Desde el gobernador hasta el último subsecretario, jueces, fiscales y legisladores tienen que hacerse porque es la ley vigente», afirmó.

Guillón insistió en que la medida no busca estigmatizar ni perseguir a nadie, sino garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de la función pública. «Quiero que quien gobierna esté lúcido y con su salud mental impecable, porque administra recursos, toma decisiones y define políticas públicas», expresó. También aclaró que la ley prevé tratamiento y resguardo de la intimidad en caso de detectarse consumos problemáticos. «No se busca castigar, sino cuidar la responsabilidad institucional», indicó.

El diputado advirtió que el consumo de sustancias no distingue ámbitos ni jerarquías, por lo que consideró indispensable que el Estado dé el ejemplo con controles periódicos y públicos sobre su cumplimiento. «La gente necesita ver que quienes gobiernan están comprometidos con esto», concluyó.

Críticas al operativo policial en San Martín

Guillón también se refirió al conflicto por las viviendas en General San Martín y criticó con dureza el despliegue policial en la zona, al que calificó como «desproporcionado». Según el diputado, los controles impidieron la libre circulación de vecinos y dirigentes y montaron «un estado de sitio en un predio de viviendas». Detrás del conflicto, dijo, hay 138 familias con documentación vinculada a preadjudicaciones. «No hay otra alternativa que el diálogo. Hay que transparentar el proceso y resolver el problema sin atropellos», señaló. Y cerró: «Lo malo de esto es que quedó en el medio el sueño de mucha gente de llegar al techo propio».

¿Creés que la ley de exámenes toxicológicos debería aplicarse ya mismo a todos los funcionarios, incluidos el gobernador, jueces y diputados? ¿Es razonable que Guillón reclame reconocimiento por su proyecto o debería importarle solo que se cumpla? Sobre San Martín: ¿el operativo policial fue desproporcionado o necesario para mantener el orden ante ocupaciones? ¿Las 138 familias tienen derecho a esas viviendas o el Estado debe revisar caso por caso?